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Desde las primeras horas de la madrugada de este lunes 19 de mayo, más de 300 personas en su mayoría pertenecientes a la comunidad indígena embera asentada previamente en la UPI La Rioja, llegaron al Parque Nacional de Bogotá para exigir una atención urgente por parte del Gobierno.
Lo que más preocupa a las autoridades es que al menos 150 de los integrantes de esa comunidad son niñas y niños, situación que ha encendido las alarmas de la administración distrital por el riesgo que representa su permanencia en ese espacio público.
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El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, expresó su preocupación por la llegada masiva y reiteró que el parque no está habilitado para albergar personas, menos aún para garantizar condiciones dignas de vida para menores de edad.
El funcionario pidió con urgencia la intervención de la Unidad para las Víctimas y del Gobierno Nacional, para activar un plan de retorno que respete los derechos de esta comunidad.
“No es un lugar en donde vayamos a permitir un asentamiento de la comunidad embera y esto lo hacemos porque no hay condiciones para que una comunidad pueda vivir adecuadamente de manera digna y sobre todo, para garantizarle la seguridad a las niñas y a los niños nuevamente esa es nuestra principal prioridad”, indicó Quintero.
Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, destacó la ausencia del Gobierno Nacional en el terreno y pidió una solución definitiva.
“Por ejemplo, la SAE tiene muchos activos en la ciudad que podrían utilizar y le estamos proponiendo al Gobierno Nacional que disponga alguno de estos predios, para hacer la reubicación. Esa reubicación fue ordenada por un juez de la República en octubre del año 2023 y es responsabilidad del Gobierno Nacional hacerlo.”, declaró Silva.
En el lugar se desplegó personal de Integración Social, Policía de Infancia y Adolescencia y otras entidades del Distrito, para proteger a los menores y prevenir cualquier tipo de emergencia, especialmente por la cercanía al río Arzobispo, cuya corriente representa un peligro inminente, además del tránsito vehicular en la Carrera Séptima.
El secretario de Seguridad, César Restrepo, aclaró que el Distrito no puede proceder con una evacuación forzada si no existe una orden legal, pero insistió en que los menores están siendo utilizados como herramienta de presión.
Restrepo también condenó los actos de violencia de los indígenas contra algunos funcionarios públicos, tras conocerse la agresión física a una mujer de la Secretaría de Integración Social. El agresor fue resguardado por personas de la comunidad, impidiendo su captura inmediata.
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Por su parte, Lucía Bastidas, directora de la Defensoría del Espacio Público, hizo un llamado a proteger el Parque Nacional, señalando que su cuidado requiere un esfuerzo colectivo.
“(El Parque) está cerrado, tenemos que cuidar el parque nacional, nos ha costado recursos humanos, recursos físicos, esfuerzo de tantos y lo que nos han dicho los vecinos de aquí, por favor ayúdennos a cuidar el parque y estamos cumpliendo con eso”, subrayó.
La funcionaria advirtió que algunos miembros de la comunidad embera han intentado ingresar a las instalaciones de la Universidad Javeriana.
