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Luego de la intervención de las autoridades distritales en el sector del Bronx, en el centro de la capital de la República, 25 personas se acercaron a la Defensoría del Pueblo para denunciar presuntos atropellos que habrían derivado en graves violaciones a los derechos humanos.
Diez ciudadanos, debidamente identificados, manifestaron que en desarrollo de las acciones de ocupación, sus lugares de residencia fueron allanados y de manera agresiva les apuntaron con armas de fuego, los golpearon, los amenazaron y supuestamente recibieron descargas eléctricas.
Aseguran haber sido despojados de sus teléfonos celulares y del dinero en efectivo que portaban al momento de la diligencia, sin que estos elementos hayan sido devueltos. Advierten los reclamantes que se desconoció la presunción de inocencia y que en ningún momento fueron notificados del procedimiento ni los motivos para el trato recibido. En su relato ante la Defensoría, agregaron estas 10 personas que en el caso de sus hijos menores de edad, pese a que el ICBF comprobó que estaban en buenas condiciones de salud, debieron enviarlos al Huila con el resto de su familia, pues no les permitieron mantenerlos a su lado.
De manera similar, otras siete personas igualmente identificadas con nombres y apellidos, expresaron que hubo uso excesivo de la fuerza y que en sus lugares de habitación quedaron sus documentos y pertenencias, sin que hayan podido recuperarlas, con el agravante de que no tienen (según ellas) trabajo ni un sitio para dormir.
También se acercaron al organismo de control para los derechos humanos, tres ciudadanos que manifestaron ser víctimas del conflicto armado, con 12 años de residencia y actividades laborales en El Bronx, en calidad de arrendatarios. Afirman no tener antecedentes penales ni cuentas con la justicia y dicen que se ubicaron allí porque no tenían otra alternativa.
A ellos se suman otros tres ciudadanos (dos mujeres y un hombre), quienes se identificaron como comerciantes en el oficio del reciclaje. Las mujeres aseguran ser madres cabeza de familia, propietarias de una empresa legalmente constituida, registrada en Cámara de Comercio y con empleados a su cargo, ninguno de ellos consumidores de droga, según indicaron en su relato. Una de ellas sostiene haber sido afectada con la aprehensión injustificada de 7 millones de pesos representados en dinero efectivo y materias primas, situación similar a la ocurrida (de conformidad con su denuncia) al otro comerciante, padre de dos menores de edad y quien dice que las autoridades le decomisaron 8 millones de pesos en dinero efectivo y materiales como cobre y aluminio.
A las anteriores denuncias hay que agregar el caso de dos hermanos que declararon ser propietarios de un inmueble en el sector de “La L”, presentaron el número de matrícula inmobiliaria del predio y afirmaron tener allí tres vehículos (un camión, un automóvil y un campero), de los cuales también aportaron documentos que los acreditan como dueños. Añaden en su denuncia que en el inmueble que les pertenece habitan dos personas mayores en calidad de arrendatarios, de quienes suministraron los números de cédula y manifiestan que ante la imposibilidad de entrar y salir del sector, no solamente no han podido ir por sus bienes, sino que además estos dos residentes afrontan dificultades para ingresar alimentos y acceder a sus garantías fundamentales.
Ante estas 25 reclamaciones por la intervención en El Bronx, la Defensoría del Pueblo corrió traslado de las mismas al Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y a las Secretarías de Gobierno e Integración Social del Distrito, instituciones todas a las que pidió informar sobre la veracidad de las quejas, la situación legal de los denunciantes y las medidas de restitución de derechos en caso que se compruebe que los hechos sucedieron así, sin perjuicio de las sanciones administrativas, disciplinarias y eventualmente penales a las que hubiera lugar por las posibles vulneraciones a los derechos humanos.
La Defensoría recordó su postura respecto a la necesidad de intervenir estos focos de delincuencia para combatir la criminalidad y garantizar los derechos de la mayoría de los ciudadanos, pero también recordó que el Ministerio Público Distrital no fue tenido en cuenta para el acompañamiento de esta importante diligencia realizada en El Bronx, e insistió en que al momento de realizar esta clase de ocupaciones resulta indispensable establecer la caracterización de la población, y evitar generalizaciones y estigmatizaciones que puedan conducir a escenarios de transgresión a los derechos fundamentales.
William Augusto Suárez, defensor del Pueblo de Bogotá, habló con LA F.m. al respecto
