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Este martes el Concejo de Bogotá realizó su rendición de cuentas, en la que dio a conocer los resultados de la gestión del cabildo durante la primera mitad de este 2018. Entre los aspectos más importantes de la presentación se encuentra que en la corporación se realizó un gran número de debates de control político, pero redujo de manera significativa la discusión y aprobación de normas y proyectos.
Según el presidente de la corporación, Daniel Palacios, "el Concejo de Bogotá es la segunda corporación más importante del país, porque no sólo representamos los intereses de 8 millones de personas sino que tomamos las decisiones de mayor trascendencia e impacto en la vida de los bogotanos".
Durante el semestre, la plenaria del Concejo debatió 15 proyectos de Acuerdo, de los cuales trece fueron aprobados y sancionados por la administración Distrital.
Esto demuestra una reducción considerable en la actividad normativa del cabildo frente al año pasado, ya que en el periodo 2017 I se debatieron 35 proyectos de los que 18 fueron aprobados, mientras que en 2017 II se discutieron 30 y se aprobaron 16.
Entre los proyectos importantes que se aprobaron este semestre se encuentran los incentivos a la economía naranja, la estrategia 'Bogotá productiva 24 horas', el Sistema de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia, el cupo de endeudamiento para la construcción del Metro, entre otros.
A lo largo de los primeros seis meses del año se llevaron a cabo 51 sesiones de plenaria, 30 de la Comisión de Hacienda, 34 de la Comisión de Gobierno y 30 de la Comisión de Plan de Ordenamiento Territorial.
En cuanto a debates de control político, los concejales de diferentes bancadas dieron a conocer que los temas más debatidos en este periodo fueron la malla vial distrital, operación y funcionamiento de la terminal de Bogotá, pobreza, Sisben en la ciudad, desnutrición infantil, establecimientos públicos de alto impacto, políticas para adultos mayores, inversión en el fortalecimiento de la educación media, medidas de austeridad en el gasto público y sostenimiento de la población reclusa.
