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Un fuerte operativo militar y judicial en la vereda La Samaria, municipio de La Macarena (Meta), terminó en enfrentamientos entre la comunidad y tropas del Ejército, luego de que fuera capturado Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, señalado como uno de los principales articuladores logísticos de la estructura Ever Castro, que opera bajo las órdenes de alias Calarcá Córdoba.
La acción interinstitucional fue adelantada por la Fuerza de Tarea Omega y la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, durante el traslado del detenido, un grupo de campesinos y miembros de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero intervinieron para frenar el procedimiento, lo que generó una tensa confrontación.
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Según el Ejército, Lozano está sindicado de reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Su rol dentro de las disidencias lo convertía en un hombre clave para el manejo de recursos y logística en el bloque Jorge Suárez Briceño, donde también delinquen cabecillas de alto perfil como Carlos Caliche, Argemiro y Faiber Guerrero.
El general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, condenó los hechos:
“Nuestras tropas fueron asonadas por campesinos, algunos identificados con chalecos de la Guardia Ambiental Campesina del Losada Guayabero. Rechazamos estas vías de hecho. La captura se realizó en cumplimiento de órdenes judiciales y en el marco de nuestra función constitucional”, señaló.
La situación refleja la complejidad de la seguridad en los límites entre Meta y Caquetá, donde la Defensoría del Pueblo ya había advertido el avance de la estructura Ever Castro.
En su alerta temprana 018 de 2024, la entidad alertó sobre el riesgo para la población civil, especialmente por extorsiones, amenazas y reclutamiento forzado.
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En poblaciones como La Julia y La Macarena, los comerciantes han denunciado panfletos y citaciones firmadas por Carlos Caliche, en las que se les exige asistir a reuniones bajo amenaza de multas extorsivas que oscilan entre 4 y 5 millones de pesos.
Estos mecanismos de presión, sumados a homicidios, desplazamientos y atentados, configuran un escenario de alta vulnerabilidad para la región.
