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La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad ordenó una visita de inspección al edificio Luz Marina de Maez, ubicado en el norte de Bogotá, por el caso de Edy Fonseca, la vigilante que denuncia que fue forzada a permanecer allí sin posibilidad de irse a su casa.
La entidad, exactamente, verificará cómo fue el tipo de contrato suscrito con Fonseca y quién la contrató, si fue una empresa privada sin autorización o la administración del edificio.
Si la administración contrató directamente a Fonseca, explica la Supervigilancia, podría haber varias multas de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cada una, así como "una medida cautelar que ordene la suspensión inmediata de las actividades".
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Y si fue una empresa privada sin autorización, "al contratante le sería impuesta una sanción que oscila entre 20 y 40 salarios mínimos", precisa el ente de control.
"La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada rechaza categóricamente este tipo de contrataciones ilegales que no solo afectan al sector económico sino que atenta contra los derechos humanos y laborales, encubriendo la explotación y abusos en contra del personal que presta el servicio de vigilancia", dice un comunicado de la entidad.
Edy Fonseca, de 51 años, asegura que fue obligada por la administradora y el presidente del consejo del edificio a permanecer allí y dormir en una oficina del semi-sotano. Según Fonseca, ellos la amenazaron con despedirla si se iba a su casa.
Además, dice ella, la pusieron a asumir un turno de 5:30 a.m. a 9:00 p.m., e incluso tenía abrir la puerta o recoger domicilios por fuera de ese horario.
Por esa carga laboral, se enfermó y el 23 de abril se agravó. Un residente del edificio la ayudó y fue llevada a la Clínica Palermo. Después de que la dieron de alta, volvió a su casa.
