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En el país se está generando una fuerte polémica por la información que entregó el Gobierno Nacional sobre la intención que tiene de pagar un subsidio de alrededor de un millón de pesos a los jóvenes que dejen los grupos criminales.
Sin embargo, esta no solo es una iniciativa gubernamental, la misma fue aprobada por el Congreso de la República en la ley del Plan Nacional de Desarrollo con el ánimo de incentivar el retiro de los jóvenes de estas bandas que están operando en el país.
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En la norma quedaron aprobados una serie de requisitos que deberían cumplir estas personas para poder acceder a dicho subsidio del Estado, según explicó la congresista Olga Lucía Velásquez, quien fue ponente de la propuesta.
“Por primera vez se hace un programa para personas que están en riesgo, siempre se hacen programas para jóvenes que son pilos o los que sacan las mejores notas, pero lo que se hace es que a los jóvenes que están en riesgo de caer en garras de la criminalidad y grupos delincuenciales se les da una oportunidad en diferentes regiones del país”, sostuvo.
Según la legisladora, son cuatro los compromisos a los que está supeditada la entrega de estos dineros a los jóvenes que quieran retirarse de las organizaciones delincuenciales.
“Son transferencias monetarias condicionadas, no es un giro mensual por no hacer nada, está condicionada en primer término a trabajo social en el territorio, tiene que haber firmado este compromiso de trabajo social para acceder a esta transacción monetaria y estar vinculado a un programa educativo”, explicó.
“Segundo componente, que haya apoyo a iniciativas productivas, emprendimientos. Tercero, educación gratuita coordinada con la Secretaría de Educación del municipio y el Ministerio de Educación y cuarto, programas de salud con énfasis en salud mental”, añadió.
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Indicó que no es cierto que con este programa se pretenda beneficiar a los criminales. "Son programas condicionados a estos cuatro elementos, educación, trabajo social en el territorio y garantizar que le arrebatamos a la delincuencia estos jóvenes que están en alto riesgo, no estamos privilegiando a ningún pillo como se ha dicho, estamos dándole oportunidades a los jóvenes que están en riesgo en el territorio nacional”, dijo.
Las entidades encargadas de la verificación del cumplimiento de estos programas serán el Departamento para la Prosperidad y el Ministerio de la Igualdad.
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