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Así lo señaló Alejandro Álvarez, miembro del sindicato de guardias del Inpec adscritos a la cárcel La Picota de Bogotá, afirmando que "pese al acuerdo, el Gobierno debe combatir la criminalidad para controlar el aumento de la población carcelaria, pero además se debe atacar la corrupción dentro de la Uspec que es una entidad creada por el Gobierno" afirmó.
En ese sentido añadió que "uno de los inconvenientes más preocupantes es la falta de veeduría en los contratos firmados por la USPEC y que están relacionados con los servicios de salud y alimentación para la población carcelaria" indicó Álvarez.
En razón a las gestiones realizadas entre el ministerio de Justicia y la dirección nacional del Inpec, se logró que los guardias levantarán "el plan reglamento", el cual es una especie de paro que venían adelantando desde el pasado mes de marzo los funcionarios de la entidad.
