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Los argumentos del Gobierno para no avalar estas leyes son que representan una carga fiscal al país muy grande, por lo que las declaró como inconvenientes e inconstitucionales.
En la ley de infertilidad, Santos aseguró que el Estado no puede encargarse del tratamiento de parejas que no pueden tener hijos (alrededor de 235 mil en el país), ya que pondría en riesgo la salud de cerca de 4 millones de colombianos.
Según el Ministerio de Hacienda, el costo por atender a las parejas que tienen infertilidad en el país se elevaría a $13 billones anuales, mientras que el presupuesto total del sector salud es de $40 billones.
Esto quiere decir que el Estado consideró que no se puede poner en riesgo el sistema de salud de todos los colombianos por una pequeña parte de la población, por lo que frenó esta ley.
En cuanto a la ley que limita la reconexión de los servicios públicos, el presidente argumentó que los usuarios que no pagan incumplen con sus obligaciones con las empresas y dificulta que estas presten sus servicios con criterios de eficiencia.
Además, el Gobierno aseguró que cuando un usuario no paga por el servicio recibido, está obrando como si los demás usuarios tuvieran que correr con su carga individual y financiar transitoria o permanentemente su deuda.
Finalmente, el Presidente Juan Manuel Santos aseguró que para estas leyes se debía contar con la aprobación del Gobierno, sin embargo, no fue consultado.
