Advierten interferencia de exalcaldes y excontratistas en procesos de revocatoria

Alertaron desde la Red de Veedurías de posibles intereses políticos de fondo en estas iniciativas.
Vuelven a aparecer candidatos por firmas.
La Alcaldía de Cota estaría usando las bases de datos de pandemia con fines electorales. Crédito: Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió los procesos de revocatoria del mandato que se adelantan en todo el país, hasta tanto el Ministerio de Salud entregue los protocolos de bioseguridad que se necesitan para poder adelantar la recolección de firmas.

Sin embargo, en medio de esta polémica, la Red de Veedurías ha alertado por la posibilidad de que se estén presentando algunas irregularidades con estas iniciativas.

Según Pablo Bustos, director de esa organización, algunos exalcaldes, excontratistas y exfuncionarios podrían estar detrás de estos mecanismos que pretenden sacar del cargo a algunos mandatarios.

“En Cundinamarca investigados los casos, recorrido los municipios y escuchada la ciudadanía, nos encontramos por ejemplo con el caso de La Calera que hay un excontratista de la exalcaldesa Ana Lucía Escobar Vargas, de nombre Jaime Oswaldo Rozo Perdigón, quien recibió más de 350 millones de pesos en contratos millonarios que le fueron adjudicados. Éste curiosamente figura como vocero de la revocatoria en ese municipio, donde comparte espacio con otros excontratistas los cuales buscan revocar la administración que no les ha dado contratos”, señaló Bustos.

Además, Pablo Bustos dijo que la exalcaldesa de ese municipio, según las denuncias que él mismo tiene en su poder, ahora figura como funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Advierte que algunas personas que perdieron en las pasadas elecciones regionales, quieren a como dé lugar atentar contra la democracia impulsando estos procesos de revocatoria.

“Detrás de estos procesos de revocatoria hay intereses turbios, intereses no éticos e incorrectos y por lo tanto son censurables públicamente. Estos son los primeros o hallazgos de un carrusel de las revocatorias que se advierte en su politización y deformación de este mecanismo de participación ciudadana en el país”, manifestó.

Y añade: “El exalcalde sancionado de La Calera Juan de Jesús Sánchez Castillo, destituido y sancionado por 10 años y multado en el año 2020 por el Tribunal de Cundinamarca, con compensaciones económicas cercanas a los 280 millones de pesos, este señor quien es el esposo de la ex alcaldesa Ana Lucia Escobar, le está haciendo conejo al país y a sus ciudadanos, allí también prendemos las alarmas”.

La Red de Veedurías espera que las autoridades adelanten las investigaciones respectivas para establecer si existe algún tipo de irregularidad con los procesos de revocatoria que se están adelantando en algunas regiones del país.

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