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La EPS Sura afirmó que desde el 27 de julio de 2021, cuando Martha Sepúlveda inició el proceso para solicitar su derecho a morir con dignidad, “autorizó la revisión y evaluación por parte” de la IPS Incodol, responsable de designar el Comité Científico para verificar que “se cumplan los criterios normativos y de salud para llevar a cabo el procedimiento” de eutanasia.
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La compañía aseguró que es “respetuosa del derecho a una muerte digna”, de la “autonomía médica y del criterio de la IPS” para realizar o suspender la intervención, como al final ocurrió.
Aclaró que la entidad “no hace parte del Comité Científico Interdisciplinario que evalúa el caso y no tiene incidencia en los resultados del análisis, ni en la decisión del Comité de aprobar o no el procedimiento”.
"El Comité informó que una de sus funciones es revisar el trámite de forma integral, de acuerdo con el numeral 26.6 del artículo 26 de la Resolución 971 de 2021, a fin de detectar alguna situación que pueda afectar el desarrollo del procedimiento; en esa medida, tras haber actualizado el concepto del estado de salud y evolución de la paciente, el Comité definió que no se cumple con el criterio de terminalidad y por tanto no aceptó la solicitud", dice el comunicado.
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Según la EPS Sura, “la Resolución 971 de 2021 establece la posibilidad de autorizar una nueva evaluación con otro Comité, en caso de que esta sea la voluntad de la paciente, para lo cual estamos atentos a su definición”.
Finalmente, dijo que ha “respondido con diligencia a los requerimientos de la señora Martha Liria Sepúlveda y su familia, bajo nuestros principios de respeto, responsabilidad, transparencia y equidad y siempre bajo el marco de la normativa vigente”.
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