Relleno Doña Juana: afectados no recibirán la suma de dinero que esperan

La indemnización puede tardar un año más para ser entregada. Las víctimas del derrumbe sanitario recibirían menos de tres millones de pesos por errores
Archivo La FM
Crédito: La FM

En noviembre de 2012, el Consejo de Estado falló a favor de una acción interpuesta por un grupo de víctimas del relleno Doña Juana, quienes se vieron afectadas por el derrumbe sanitario que se registró en 1997. El alto tribunal ordenó el pago de $227.440.511.400.

Sin embargo, no fue claro en el número exacto de indemnizados, por lo que se calculó, serían más 65.000, aunque existen más de 600.000 reclamantes de los cuales se estima que una tercera parte (200.000) cumplen con los requisitos que prueban tuvieron impacto directo con la crisis sanitaria.

Imprecisiones de cálculo

El juez en la sentencia señala que hay víctimas de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, Kennedy, Tunjuelito, San Cristóbal, que suman 902 barrios. En la decisión se tomó el censo de usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado y midieron en dimensión las afectaciones indicando que en cada familia viven cuatro integrantes, aunque no contemplaron que en esos barrios hay casas en las que viven más de ocho personas y la indemnización se reconoce a título individual.

De igual modo, no tuvieron en cuenta que la reparación también cobija a la población flotante (trabajadores y estudiantes) que no residían en el área afectada. Con esas condiciones, la cifra claramente superaría los 65. 536 afectados y le resta al porcentaje que le corresponde a cada uno de los demandantes.

Unos recibirán más que otros, pero ninguno lo que esperaba

LA F.m. estuvo con la comunidad hablando con algunos de los afectados y muchos tienen la esperanza de recibir en el menor tiempo posible el dinero que les corresponde, según lo especificado en la sentencia que da prioridad a daños causados según distancia.

El juez especificó tres sub-grupos y entregó el porcentaje que le correspondería en dinero por los daños morales y la afectación de bienes constitucionales.

Sub-grupo 1: personas que estuvieran en una distancia menor a los 1.500 metros del foco emisor. Recibirían $3.400.200

Sub-grupo 2: personas que estuvieran en una distancia menor a los 3.000 metros del foco emisor. Recibirían $2.266.800

Sub-grupo 3: personas que estuvieran en una distancia menor a los 5.000 metros del foco emisor. Recibirían 1 salario mínimo por daños morales y 1 salario mínimo por afectación de bienes constitucionales.

Sin embargo, esos valores no coinciden con la realidad, ya que al tratarse de una indemnización colectiva que no cuenta con cifra exacta de afectados, pero sí un monto definido de dinero, se requiere una redistribución del porcentaje de la condena para cada individuo, siendo coherente con los sub-grupos, por lo que una vez se defina cuántas son las víctimas que presentaron las pruebas completas, toca volver a liquidar. Se calcula que cada uno de los afectados dejará de recibir dos millones de pesos.

Nada que pagan

Han pasado 19 años desde que se desplomó la acumulación de basuras en el sur de Bogotá. Hace cuatro años se falló a favor de los demandantes y aún no hay indemnización, ni pago de honorarios para los abogados que defendieron la acción de grupo; una figura judicial que pareciera poco común y que benefició a dos grupos de reclamantes

La Defensoría del Pueblo, según lo ordenó un juez, tiene la responsabilidad de determinar quiénes más son víctimas y realizarles el pago correspondiente. El Distrito ya desembolsó la totalidad de la sanción; el 50% en diciembre de 2014 y el restante en enero de 2015. La Defensoría reconoció no estar capacitada para realizar los estudios de los documentos para determinar quiénes más son víctimas. Argumentan no tener el personal y el tiempo que esto demanda.

Dado lo anterior, se contrató a la Universidad Nacional para que realizara la tarea. El contrato se efectuó por una cifra superior a los $20.000 millones, y el plazo de entrega de los resultados, según advertencia de la universidad, no se conocerá antes de abril de 2017. Una vez sea pública la lista de quienes tienen derecho a ser indemnizados, se empieza el proceso de apelación que puede tardar otro año para dar a conocer la lista oficial y hacer el desembolso del dinero, que seguramente no va a ser mayor de $1.000.000.

Del primer grupo de 6.000 demandantes, solo fueron reconocidos como víctimas 1.472. El restante, al parecer, no presentaron los documentos necesarios que demostraran que fueron afectados. Por lo anterior se agregó a la sentencia un grupo de adherentes.

Se ha ejecutado el pago del primer grupo de demandantes (1472); a ellos les correspondió una suma superior a los tres millones de pesos.

No solo se les debe a las víctimas

Al representante a la Cámara, Inti Asprilla, hijo del fallecido Guillermo Asprilla, abogado de los demandantes y exsecretario de Gobierno Distrital, le corresponde como heredero recibir los honorarios que le adeudaron a su padre. El 10% del total de la multa, es decir, unos $22.000 millones, dinero que será repartido entre sus hermanos.

LA F.m. conoció que la pareja sentimental de Guillermo Asprilla, quien lo acompañó en su último año de vida, también está reclamando parte de esos honorarios. Es de aclarar que en la acción judicial también participó otro grupo de abogados que tiene derecho a parte de los honorarios.

Miedo a que la historia se repita

En la comunidad aún se siente el fétido olor que emana el relleno sanitario Doña Juana, pues se siguen utilizando los mismos predios para almacenar la basura de los bogotanos. A finales de 2015 se efectuó otro derrumbe; Sin embargo, la actual administración le dio 5 años más de vida al relleno, pese a que la sentencia ordenó garantizar la no repetición.

Con la presentación del nuevo esquema de aseo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP , le apunta a aumentar el reciclaje y disminuir la cantidad de residuos que lleguen al relleno y disminuir los ventores contaminantes. Después de los cinco años, el relleno quedará ubicado en el Occidente de Bogotá a la altura del sector de Mondoñedo.

Inti Asprilla, congresista: lo de doña Juana se me ha vuelto un problema de seguridad


Martha Moreno, directora nacional de recursos y acciones jurídicas de la Defensoría del Pueblo: 1.462 están reconocidas como víctimas


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Imágenes suministradas a LA F.m.


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