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La recusación del senador Benedetti a la magistrada Cristina Lombana está llena de información relevante sobre su caso. En más de 20 páginas Benedetti, en un documento que debía firmar su abogado pero cuya firma no existe, expresa por qué considera que el despacho de la magistrada decidió no decretar pruebas que le eran favorables a la defensa. Benedetti argumenta que se vencieron los términos para responder una solicitud que hizo el 10 de diciembre y por eso solicita suspender la ampliación de indagatoria en su contra que se iba a realizar el pasado 01 de abril.
“En cinco oportunidades se ha reiterado que se decida la petición de pruebas, incluso desistimos de una acción de tutela que presentó mi anterior defensor, indicando que lo que se pedía en el amparo constitucional, debía resolverse en el el proceso penal de referencia”.
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La magistrada Lombana ordenó en la etapa final de la investigación una serie de testimonios para concluir el caso y definir la situación jurídica del senador. Con la recusación, el congresista pide que todas esas actuaciones queden suspendidas y que los testimonios no se realicen hasta que la sala decida el recurso.
“Tratándose de una suspensión de la totalidad de la actuación, se debe suspender el testimonio fijado para el 20 de abril y las misiones de trabajo- actividades investigativas en este radicado 3 en total que fueron ordenadas en el Auto de pruebas del 29 de marzo", agrega el documento.
El delito por el que investigan a Benedetti es el de enriquecimiento ilícito. Pero en la recusación se queja de que la ampliación de la indagatoria llamada por Lombana para el pasado 01 de abril tenía que ver con otro nuevo posible delito: lavado de activos. El parlamentario lo considera un exceso no fundamentado.
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“Se trata de un cambio sustancial en la imputación jurídica formulada en la indagatoria, porque se hace la citación por la presunta conducta punible de lavado de activos y no por enriquecimiento ilícito que se venía tramitando desde el inicio de la investigación 4 años atrás”, agrega.
El senador pidió los testimonios de las siguientes personas con el fin de explicar unos giros al exterior que en la investigación no tendrían sentido ni correlación con sus ingresos para el momento de las transferencias.
Jaifa Mezher, ex esposa del senador Armando Benedetti; Azucena Gouque de Benedetti, para explicar unas transferencias de dinero a las sociedades Logística y Mercado SA y Gente Estratégica SA; Luz Angélica Álvarez Daza, como una de las personas que más operaciones financieras realizó con relación a las cuentas del senador con el BBVA; Guillermo Antonio Pedroza Rodríguez, conductor de Benedetti, que también aparece citado en el informe como una de las personas con más operaciones de giros al exterior en las cuentas del congresista.
Y, finalmente, existe información relevante sobre las cifras de los giros que Benedetti pidió explicar con base en los informes de transferencias a una empresa llamada Factoring Servimos S.A
Un giro por 5 millones de pesos el 22 de diciembre de 2005; otro por 15 millones el 22 de diciembre; 10 millones más el 26 de diciembre. Otro por 10 millones el 28 de diciembre; uno por 76 millones de pesos el 6 de febrero de 2006 y en adelante giros permanentes durante ese año por diferentes valores: 38 millones, 2 millones, 11 millones, 33 millones. Se trata de 20 giros por un total de 260 millones de pesos en 3 meses.
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Más adelante, el senador pidió también investigar sus propios pagos para un apartamento de su propiedad que es objeto central de la investigación.
El 22 de abril de 2010 Benedetti hizo 6 pagos en total. Uno por 51 millones de pesos; otro por 166 millones; uno más por 40 millones; otro por 3 millones; 203 millones y 155 millones de pesos el mismo día.
Consultado por La FM, Benedetti agregó que la magistrada no ha tomado en serio sus peticiones y, aunque la recusación está fundamentada en un concepto de vencimiento de términos por ausencia de una respuesta a sus solicitudes, insistió que el despacho de Lombana solo ha llamado a testigos desfavorables pero no a los favorables para la defensa. El caso lo tendrá que proyectar el magistrado César Reyes para votar en la Sala de Instrucción.
Como antecedente, está que Reyes fue el que proyectó una decisión para quitarle la formulación del caso Uribe en su origen a Lombana con la creación de la sala. En su momento se argumentó que Lombana había pertenecido a las Fuerzas Militares y por ende tendría un sesgo en favor de Uribe, algo que nunca antes se había planteado en una recusación contra un magistrado. La proyección de la decisión de Reyes tuvo éxito entre sus compañeros y el caso terminó en su despacho.
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