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La Unidad para las Víctimas reveló los hallazgos de una auditoría forense realizada por la Secretaría de Transparencia al Fondo para la Reparación a las Víctimas y que fue solicitada por la directora de la entidad, Patricia Tobón, por presuntas irregularidades en el arrendamiento de inmuebles administrados por el fondo.
Una de las conclusiones es que habría una pérdida de más de 4.200 millones de pesos por posibles irregularidades durante el periodo 2018-2022, es decir, durante el gobierno de Iván Duque.
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Según la auditoría, la principal causa del detrimento es que en algunos casos no se consideró el área total de los inmuebles a la hora de calcular los cánones mensuales de arrendamiento, lo que resultó en valores muy por debajo del precio correspondiente a la realidad de los inmuebles.
Otra razón sería que el canon de arrendamiento reportado era inferior al estimado, causando perdidas por 98 millones de pesos. Además, el método sugerido para la estimación del canon no fue el acorde lo que causó un detrimento mayor a los 63 millones de pesos.
Según la auditoría forense, dicha irregularidad habría generado que se perdieran 3.786 millones de pesos entre 2018 y 2022.
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Del mismo modo, la auditoría señaló que un grupo de contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar los contratos, superando una suma de 84.000 millones de pesos.
Lo anterior fue posible por la ausencia de control y transparencia en los procesos de contratación.
Uno de ellos es el contrato 096 del 23 de julio de 2020, por un valor de 4.000 millones de pesos y en el que se realizaron 40 diagnósticos prediales por un valor de 292 millones de pesos “sin que existiera evidencia real del cumplimiento de esta actividad".
De acuerdo con la Unidad de Víctimas, "los anexos del contrato no se corresponden con los informes de actividades y supervisión que dieron sustento a los pagos".
Ante este panorama, la entidad anunció que seguirá trabajando en acciones de mejora con el fin de evitar una mayor afectación y contener el detrimento identificado.
