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Una problemática que se ha venido acumulando durante años comienza a evidenciar un patrón repetido de fallas en la ejecución de proyectos inmobiliarios, en un escenario donde ciudadanos aseguran haber invertido sus ahorros sin obtener garantías claras sobre la entrega de sus viviendas o las condiciones pactadas inicialmente.
En Armenia, los casos no se limitan a situaciones aisladas, sino que configuran un fenómeno que ha crecido en distintos sectores y que hoy expone debilidades en los mecanismos de control sobre las constructoras, así como dificultades en la respuesta institucional frente a los reclamos.
A esto se suma que varios proyectos fueron comercializados bajo condiciones que, según los afectados, no se cumplieron, lo que ha generado un impacto que trasciende lo económico.
Proyectos sin resolver y familias en incertidumbre
El concejal de Armenia, Jonatan Rojo, advirtió que la situación persiste y con el paso del tiempo se han hecho múltiples denuncias por incumplimientos. Explicó que actualmente hay once constructoras en procesos de intervención forzosa, lo que refleja la magnitud del problema y la dificultad para dar solución a los proyectos afectados.
Según indicó, las fallas no solo están relacionadas con la no entrega de viviendas, sino también con incumplimientos en aspectos fundamentales como áreas comunes, servicios públicos y zonas sociales, elementos que hacían parte de la oferta inicial. Señaló que esta situación ha terminado afectando no solo el patrimonio de las familias, sino también su estabilidad.
“Ha sido un viacrucis”: deudas, cobros y desgaste personal
El caso de Stella Rendón refleja con mayor claridad el impacto humano de esta problemática. La afectada relató que, pese a haber pagado su apartamento hace dos años, la constructora le exigió un cobro adicional de 35 millones de pesos para poder acceder a las escrituras, situación que la obligó a endeudarse. Según contó, ante el temor de que el valor aumentara aún más, decidió asumir la deuda sin tener cómo responder.
“Ha sido una pesadilla, un viacrucis. Yo he llorado, he sufrido mucho. Perdí mi tranquilidad y mi salud mental”, expresó al describir un proceso que, además, se ha agravado por su condición de salud, ya que actualmente no puede trabajar tras una lesión que le impide generar ingresos.
Añadió que, aunque finalmente logró obtener las escrituras, la carga económica persiste y la mantiene en una situación de incertidumbre. Señaló que incluso ha tenido que acudir a instancias internacionales buscando una salida, mientras enfrenta una deuda que no sabe cómo saldar.
En un segundo momento, cuestionó el papel de la fiduciaria encargada de administrar los recursos, al señalar que no hubo una intervención efectiva frente a las irregularidades. Indicó que el proyecto Parque Residencial del Café fue pagado en su totalidad por un valor cercano a 165 millones de pesos, sin que se cumplieran las condiciones ofrecidas. Aseguró que otros compradores permanecen en situaciones similares, algunos sin escrituras y otros enfrentando procesos prolongados sin solución.
El concejal Germán Grisales advirtió que el problema trasciende lo contractual y se configura como una situación de impacto social, en la medida en que muchas promesas de compraventa no cumplen con los requisitos legales establecidos, lo que debilita su validez jurídica y deja a los compradores en una posición vulnerable.
Explicó que los efectos no recaen únicamente en quien firma el contrato, sino también en su núcleo familiar, al tratarse de recursos que en muchos casos corresponden a ahorros de toda la vida. Con cerca de 10 mil personas afectadas, la situación evidencia un problema que sigue sin resolverse y que plantea retos en materia de control, vigilancia y garantía de derechos para los compradores en Armenia.
