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El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, celebró este viernes en entrevista con La FM de RCN Radio la decisión de la Procuraduría General de la Nación de archivar la investigación disciplinaria en su contra y dejar sin efectos la sanción de destitución e inhabilidad por nueve años que pesaba sobre él. El caso estaba relacionado con el proceso de contratación del servicio de alumbrado público en el municipio y el pulso legal que Donoso ha sostenido con Enel-Codensa.
“Después de un largo trasegar jurídico, logramos hacerle entender a la Procuraduría que ni el procedimiento ni las pruebas configuraban una conducta disciplinable”, explicó Donoso. Según el mandatario, el fallo de segunda instancia del despacho del procurador general reconoció errores de forma y fondo en el proceso. “Nos da la razón, la oportunidad y, sobre todo, nos devuelve la tranquilidad en mi buen nombre como profesional, ciudadano y servidor público”, agregó.
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El proceso inició por un presunto manejo irregular del contrato de alumbrado público en Chía, luego de que la Alcaldía optara por abrir una licitación para buscar un nuevo operador. Donoso defendió su decisión argumentando que como alcalde tenía la facultad legal de mejorar el servicio, algo que según él Enel-Codensa intentó bloquear.
“Teníamos razón. Tenemos la facultad como alcaldes de buscar otro operador y mejorar el servicio. Ellos querían una adecuación contractual que los beneficiara directamente, sin participar en licitación”, señaló el alcalde, quien también denunció presiones previas por parte de la empresa.
“Codensa estaba matoneando al municipio, presionándonos desde hace años. Siempre he denunciado el poder dominante y el mal servicio que prestan”, dijo. Además, criticó la falta de inversión de la compañía en la región.
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Finalmente, Donoso se comprometió a seguir gobernando “con responsabilidad y compromiso” por el bienestar de los más de 200.000 habitantes de Chía: “Ese es el reto, hacerlo bien, responder y tener la capacidad de transformar la vida de este municipio intermedio”.
La Procuraduría no solo archivó el expediente, sino que reconoció inconsistencias en el principio de congruencia procesal, es decir, la falta de coherencia entre el pliego de cargos, el análisis de pruebas y el fallo disciplinario. Esta decisión representa un giro sustancial en un proceso que amenazaba la continuidad del mandatario y que ahora concluye a su favor.
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