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La Contraloría General de la República envió una solicitud formal al ministro del Interior, Armando Benedetti para que entregue información sobre el presunto uso de una aeronave oficial de la Policía Nacional para el traslado de un grupo de influencers y simpatizantes del Gobierno a la ciudad de Barranquilla.
A través de una carta, el organismo expresó preocupaciones sobre la legalidad, justificación y sustento administrativo de dicho traslado, pidiendo aclaraciones sobre si existe algún convenio o autorización vigente que permita el uso de aeronaves oficiales para el transporte de personas ajenas a la función pública.
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Entre los aspectos a esclarecer, la Contraloría solicitó información sobre:
- La existencia de un convenio o contrato que regule el uso de aeronaves de la Policía Nacional para el traslado de particulares.
- Copia de documentos administrativos que sustenten la operación, así como los criterios de selección de los pasajeros.
- El papel del Ministerio del Interior en la organización logística del vuelo y la fuente presupuestal que financió los costos del traslado.
La entidad también pidió detalles sobre la titularidad de la aeronave, su uso misional y la lista de pasajeros, buscando verificar si el procedimiento se ajustó a la "normativa vigente" sobre la utilización de bienes públicos.
La Contraloría enfatizó que esta solicitud hace parte de sus labores preventivas para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
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Las entidades involucradas deben responder a los requerimientos en un plazo máximo de dos días hábiles, según lo establecido en los oficios enviados por la Delegada para el Sector Defensa y Seguridad de la Contraloría.
Cabe mencionar que este viaje a la ciudad de Barranquilla, tenía como propósito que el presidente Gustavo Petro acompañara las marchas convocadas tras el hundimiento de la consulta popular en el Congreso.
