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El centro de estudios jurídicos y sociales, Dejusticia, y el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán piden a la autoridad de licencias ambientales no realizar la audiencia en la que se evaluará el retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato, por no garantizar la plena participación ciudadana.
Hace unos días, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció que tras la pandemia, hará tres reuniones informativas y una audiencia pública (27 de mayo) de manera virtual, para evaluar el plan de manejo ambiental sobre la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato.
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Según la entidad, la audiencia se hará a través de radio, teléfono e Internet en la que, "garantizaremos la participación efectiva del mayor número de habitantes posible de 101 municipios de 14 departamentos con injerencia en la siembra de estos cultivos".
Pese a esta promesa, tildada por la Anla como "un reto", Dejusticia pide que "se revoque" por no garantizar la participación ciudadana, tal como lo reseña la Constitución colombiana.
"Desde Dejusticia y las demás organizaciones que enviamos la solicitud —Elementa, Consultoría en Derechos, Corporación Acción Técnica Social y Corporación Viso Mutop—enviamos a la Anla un recurso en el que argumentamos que la pandemia no justifica tal decisión, por lo que solicitamos que se revoque y, en su lugar, se suspenda la realización de las reuniones informativas y de la audiencia pública ambiental en modalidad virtual", señalaron en un comunicado.
Dejusticia argumenta que dicha audiencia sobre la evaluación de la aspersión aérea con glifosato, no cumple con los requerimientos de la Corte Constitucional.
"La Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias: el esquema de participación que se adopta en el marco constitucional y legal colombiano descansa sobre un modelo de democracia deliberativa, en el que la participación toma `una forma dialógica o discursiva para llegar a la determinación final´", afirma Dejusticia.
Y añade: "además, garantizar una participación deliberada, consciente y responsable conlleva el deber del Estado de generar espacios de debate y deliberación donde las personas puedan intercambiar puntos de vista que aboguen por una alternativa específica, y que dichas intervenciones tengan la vocación de `transformar las opiniones, análisis o preferencias de otras personas por medio del razonamiento, al formular argumentos que pretenden convencer a los demás`, y así lograr un consenso razonado".
El centro de estudios jurídicos y sociales cuestiona: "¿Es alcanzable todo esto con una audiencia pública virtual por Facebook Live o transmisión en vivo por Youtube? No. En dichos canales los intervinientes no podrán interlocutar de forma deliberativa con las autoridades y las otras personas que participan de la audiencia, es decir, no podrán formular sus argumentos para persuadir e incidir en la toma de la decisión final, como lo exige el derecho a la participación en materia ambiental".
Además también cuestionan el acceso a Internet y de teléfonos en las zonas rurales donde pretende llegar la Anla con dichas reuniones y audiencia virtual.
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En ese sentido, el Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, una organización ciudadana, asegura que si la Anla hace esta audiencia virtual, se abre el camino para realizar otras, entre ellas, sobre la minería cerca al páramo.
"Estamos en desacuerdo porque sabemos que si hacen esa audiencia sobre las fumigaciones con glifosato, no van a garantizar la participación ciudadana porque son son poblaciones, comunidades de difícil acceso, tal como las que tenemos en Santander y Norte de Santander", dijo Hernán Morantes, abogado y vocero del Comité.
