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El presidente Gustavo Petro anunció que la renovación del Hospital San Juan de Dios, un emblemático establecimiento de salud en Bogotá, seguirá adelante a pesar de la reciente terminación del contrato con la empresa encargada de su renovación, COPASA.
Esta decisión ha generado un debate, especialmente tras las críticas del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien se opuso a la medida argumentando que pone en riesgo la salud de millones de ciudadanos y el patrimonio cultural de la capital.
Petro enfatizó que el Hospital San Juan de Dios es considerado un hospital universitario, y que, según la ley que coautorizó con la senadora Marulanda, es un patrimonio cultural e histórico de la Nación.
“Se ha ordenado en varias sentencias judiciales su restauración. Ni en la ley, ni en las sentencias se habla de la demolición ni desaparición”, afirmó el presidente, dejando claro que no habrá demolición del hospital.
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El mandatario criticó la gestión previa de las antiguas alcaldías de Bogotá, señalando que la administración de Enrique Peñalosa, con la firma de un contrato que permitió la demolición, abrió la puerta a un “incumplimiento de la ley”. Aseguró que su gobierno desautoriza cualquier intento de demolición y que se ha solicitado a COPASA reformar el contrato, pero ante su negativa, se tomó la decisión de liquidarlo.
En respuesta a las afirmaciones del presidente, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes emitió un comunicado donde reafirma el compromiso del Gobierno Nacional de recuperar el Hospital San Juan de Dios, declarado monumento nacional en 2002. Según el ministerio, los proyectos de recuperación y reapertura del hospital están avanzando y no están paralizados, como se ha informado en algunos medios.
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El 28 de mayo, una Junta de Conservación aprobó un plan de intervención para el periodo 2024-2026, y se han publicado prepliegos para la licitación de obras en varios edificios del hospital. Las licitaciones se adjudicarán a finales de este año, con el objetivo de iniciar las obras en 2025. Además, se están llevando a cabo trabajos en los edificios de Siberia y Mantenimiento, con una finalización prevista para noviembre.
Galán, por su parte, expresó su desacuerdo con la terminación del contrato, solicitando a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que revisen la legalidad de esta decisión. Según él, esta acción no solo afecta la salud pública, sino que también compromete la preservación del patrimonio cultural de Bogotá.
