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El presidente Gustavo Petro advirtió que el Estado colombiano podría quedar sin capacidad para pagar los salarios de policías y soldados si la Corte tumba el decreto de emergencia económica y las medidas financieras adoptadas por el Gobierno.
Según el mandatario, la situación fiscal del país es crítica y obligaría a realizar recortes presupuestales de gran magnitud.
Durante el Consejo de Ministros, Petro explicó que su administración recibió un déficit fiscal primario que, sumado al desbalance de la balanza comercial, pone en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública.
Recordó que en 2023 ya fue necesario un recorte de 16 billones de pesos y aseguró que, de repetirse ese escenario, sectores como la salud, la educación y la fuerza pública serían directamente afectados.
El jefe de Estado sostuvo que, de mantenerse el déficit primario, los ingresos del país no alcanzarían para cubrir sus obligaciones.
A su juicio, solo un superávit permitiría garantizar el pago de la deuda a largo plazo, objetivo que, según dijo, buscaban las reformas tributarias y las leyes de financiamiento que no fueron aprobadas por el Congreso.
En ese contexto, Petro responsabilizó a sectores de la oposición por el agravamiento de la crisis fiscal. Afirmó que el hundimiento de las iniciativas tributarias impulsadas por su Gobierno llevó al país a una situación de “impagabilidad”, aunque aclaró que ese escenario no fue provocado por su administración.
Como alternativa para aliviar la presión fiscal, el presidente propuso revisar contratos de concesiones viales, al señalar que existen recursos públicos que permanecen inmovilizados. Mencionó proyectos administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura y afirmó que solo en algunas concesiones habría hasta 18 billones de pesos sin ejecutar, además de otros 2 billones en manos de grupos empresariales privados.
Finalmente, Petro cuestionó la efectividad de las reformas tributarias recientes y criticó decisiones que permitieron a empresas mineras y energéticas deducir regalías del impuesto de renta.
Para el mandatario, estas medidas afectan el patrimonio nacional, debilitan la base fiscal del Estado y contradicen tanto las necesidades económicas del país como los compromisos ambientales frente a la crisis climática.
