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En una decisión de 22 páginas, el Consejo de Estado rechazó una demanda que pretendía tumbar el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia. El recurso había sido interpuesto originalmente por un ciudadano ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación que lo había admitido en primera instancia.
Tras una revisión de la Sección Tercera, el alto tribunal falló a favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, amparando sus derechos fundamentales. En consecuencia, dejó sin efectos la actuación judicial que buscaba frenar la entrada en operación del nuevo sistema de emisión de libretas de viaje.
¿Por qué fue rechazada la demanda?
La alta corporación judicial determinó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no cumplió con los requisitos legales para admitir el recurso. El punto clave radica en que la demanda fue interpuesta bajo la figura de "Acción Popular"; sin embargo, el Consejo de Estado subrayó que el demandante no alegó la vulneración de derechos e intereses colectivos, requisito indispensable para este tipo de acciones.
Procesos vigentes
Cabe aclarar que esta decisión no anula todas las actuaciones judiciales contra el contrato de pasaportes. En otro despacho del Consejo de Estado se adelanta actualmente una acción de nulidad contractual interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, proceso que continúa vigente y en estudio.
Finalmente, el Consejo de Estado otorgó un plazo de 10 días al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que revise las consideraciones de este fallo y emita una nueva decisión ajustada a los lineamientos expuestos.
Imprenta y presidente se contradicen frente al tema pasaportes
En Los Secretos de Darcy Quinn de La FM se abordaron varias contradicciones sobre la expedición de pasaportes. La periodista informó sobre acciones legales frente al traslado de fondos pensionales y reveló movimientos recientes en campañas políticas, con base en declaraciones y hechos mencionados durante su intervención.
¿Qué contradicciones existen en la expedición de pasaportes en Colombia?
Quinn relató un episodio con la directora de la Imprenta Nacional y defendió su labor periodística al afirmar que su tarea es “seguir haciendo preguntas y advertir contradicciones”. Señaló que existen vacíos en la información pública sobre el proceso, indicando que “la gente realmente no sabe” detalles del trámite y que incluso ella desconocía aspectos operativos sobre los lugares donde se realiza.
En su explicación, indicó que “no paran las versiones encontradas del gobierno sobre la expedición de pasaportes”. Precisó que, por un lado, se sostiene que la personalización se realiza en el país, mientras que simultáneamente se reconoce que “las libretas se producen en Europa con trabajadores europeos”, lo que, según dijo, “empieza el ruido”.
También mencionó el anuncio del presidente sobre acciones legales contra Thomas Greg & Sons por la entrega de las claves del PKI. Explicó que esta decisión se basa en que la retención sería “un incumplimiento que compromete la soberanía de los datos”. Sin embargo, contrapuso la versión de la imprenta, donde se afirma que ya se adelanta la personalización en el país, lo que llevaría a que “no necesitarían el PKI”.
Frente a ese punto, planteó una pregunta central: “Si la personalización ya la están haciendo, ¿por qué es indispensable el PKI de la empresa anterior?”. Añadió que esta situación abre escenarios en los que “la acusación presidencial pierde soporte técnico” o, en otro caso, “no existe todavía una operación masiva real”.
Asimismo, señaló que la Cancillería reconoce “un esquema distinto de trazabilidad y custodia”, lo que refuerza la complejidad del tema. Indicó que es un asunto técnico que debe ser respondido por la funcionaria responsable, y citó que otros medios también han hecho denuncias sobre este proceso.
¿Qué acciones se adelantan contra el traslado de fondos y qué pasa en campañas?
En relación con el traslado de recursos, Quinn informó que se presentó una demanda de nulidad, junto con una medida cautelar y una tutela, con el objetivo de frenar el movimiento de dinero hacia Colpensiones. Explicó que los argumentos incluyen que la decisión “es ilegal” y que la motivación sería “falsa porque Colpensiones tiene recursos”.
Agregó que también se advierten “efectos financieros negativos sobre el ahorro nacional”. Indicó que el proceso avanza con plazos definidos, señalando que “el decreto ordena el primer giro en 15 días, el segundo en 20 y el resto en 30 días”. Según dijo, las expectativas están centradas en que el Consejo de Estado adopte una medida cautelar.
