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La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco aseguró que la responsabilidad de las personas privadas de la libertad en las estaciones de policía y en las URI recae exclusivamente en las alcaldías, así respondió a la carta de cuatro páginas que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le envió solicitándole apoyo para atender a los reclusos que fueron diagnosticados con coronavirus y que permanecen en la Unidad de Reacción Inmediata de Kennedy.
A través de un video difundido por el Ministerio de Justicia, Cabello Blanco aseguró también que siempre ha tenido la disposición para atender no solo al secretario de Gobierno, Hugo Acero, sino también cada uno de los requerimientos que el Distrito ha hecho.
Al mismo tiempo, indicó que está presta a garantizar el traslado de las personas privadas de la libertad a la bodega que la alcaldía de Bogotá, aseguró tiene disponible.
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"Cómo lo he reiterado desde que me posesioné como ministra de Justicia, la responsabilidad de las estaciones de Policía y de las URI, son de las alcaldías y de los diferentes distritos judiciales", dijo.
En ese sentido agregó que "me he reunido varias veces con el secretario de Seguridad de Bogotá y estamos a la espera de la bodega que dijo que iban a adquirir para tener allí a los internos que se encuentran en las estaciones de policía y en las URI; les ofrecimos colaboración en el sentido de darles alimentación y estamos a la espera de su respuesta".
Cabello Blanco también señaló que todas las comunicaciones dirigidas desde el Distrito, han sido atendidas y respondidas de acuerdo a las solicitudes planteadas.
"Todas las cartas que ha enviado Hugo Acero, han sido respondidas y siempre hemos estado dispuestos a colaborarles, solo reitero algo que la alcaldesa sabe y es que su responsabilidad son los sindicados que se encuentren en las estaciones de policía y en las URI; nosotros con mucho gusto hemos tenido más de 15 mil condenados que son responsabilidad de la alcaldía de Bogotá y están en nuestros centros penitenciarios", dijo.
Cabello Blanco respondió a la carta que López le envió en las últimas horas en la que le pidió información sobre la aplicación de los protocolos que se van a utilizar para el traslado y custodia de las 19 personas privadas de la libertad que están en la URI de Kennedy, que fueron diagnosticados con coronavirus.
En dicho documento, la alcaldesa manifestó que “la emergencia sanitaria asociada al COVID-19 nos convoca como servidores públicos a honrar el compromiso principal de evitar pérdidas humanas".
En ese sentido, agregó que "la ciudad tiene diagnosticados como positivas 19 personas retenidas en la sala de la URI de Kennedy, siete uniformados de la estación de policía de esa misma localidad y otros seis uniformados adscritos a la estación de Fontibón".
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Ante esa situación, el Distrito señaló que es urgente y necesaria una actuación conjunta para mitigar los riesgos de contagio que en la actualidad enfrentan las “personas que están en URI y estaciones de policía de la ciudad de Bogotá, por cuanto el hacinamiento hoy se sitúa en el 292,5% y su mayor grado de vulnerabilidad por condiciones de salud preexistentes, permiten precaver una propagación del contagio en esta población”.
En el documento, Claudia López advirtió que desde el pasado mes de febrero y en reiteradas ocasiones “hemos ofrecido al Gobierno Nacional alternativas a costa del Distrito para la generación de cupos para la población sindicada como es el caso de la construcción de un nuevo establecimiento de reclusión territorial en los predios de La Picota, según convenio 565 de 2018, recibiendo respuesta negativa”.
Entre tanto, datos de la Personería de Bogotá indican que las estaciones y URI de la ciudad tienen una "sobreocupación del 145%. En Kennedy es del 140% y Fontibón del 110%. Las peores condiciones se registran en San Cristóbal con un 93% de hacinamiento y Los Mártires con 420%".
Con fecha al siete de mayo, se registraron 1.148 personas en las estaciones de la ciudad, pese a que su capacidad máxima de albergue es de 472 retenidos. La situación ha venido empeorando ya que antes de iniciar la cuarentena, es decir el 18 de marzo, había 1.053 retenidos.
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