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En su último informe, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hace un balance de la implementación del acuerdo de paz durante julio y agosto de este año.
La Misión manifiesta su preocupación por la seguridad de los desmovilizados. De acuerdo con este organismo, el número de asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 71, debido al deterioro de las condiciones de seguridad para los antiguos miembros de las FARC-EP que viven fuera de los espacios territoriales.
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"La Unidad Especial de Investigación ha señalado que tres cuartas partes de esos asesinatos se concentran en cinco departamentos: Nariño (16 víctimas), Antioquia (14 víctimas), el Cauca (12 víctimas), Caquetá (8 víctimas) y Norte de Santander (7 víctimas)", cita el informe.
En 34 de estos casos, ha habido avances en las investigaciones, con la detención de 17 autores materiales de los asesinatos. De acuerdo con la Unidad Especial de Investigación, los motivos principales que había detrás de los ataques estaban relacionados con el control territorial y la venganza.
Sin embargo, la seguridad también preocupa al interior de los espacios de reincorporación, el informe destaca que "las estadísticas de la Unidad Especial de Investigación confirman la necesidad de prestar especial atención a la situación de la seguridad en el interior y los alrededores de determinados espacios territoriales para capacitación y reincorporación en los Departamentos de Nariño, Antioquia y el Cauca. También se han producido otros incidentes en los espacios territoriales de los Departamento de Arauca y Putumayo, donde se han producido ataques, incluso dentro del perímetro de los espacios territoriales. En las zonas circundantes se ha observado una fuerte presencia de grupos armados y disidentes", dice el informe.
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Otro de los puntos que toca el informe es la falta de presupuesto para lograr la reincorporación de los excombatientes a la vida civil.
El documento menciona, entre otras cosas, que "no se lograron avances en relación con las instalaciones de guardería para los hijos de los antiguos miembros de las Farc que viven en los espacios territoriales para capacitación y reincorporación".
Así mismo, la Misión señala que hay un número creciente de casos relacionados con los antiguos miembros de las Farc, especialmente mujeres, que están intentando normalizar la tutela legal de sus hijos y sugiere que debería existir un protocolo especial para esos casos, en vista de las implicaciones que ello tiene para su reincorporación.
La ONU también advierte sobre la falta de programas de inclusión social para los excombatientes, "tales como actividades de salud preventiva, educativas, recreativas y culturales también es un problema que exige una política clara del Gobierno".
Del mismo modo, advierte que se necesitan recursos pues "el objetivo fundamental de proporcionar oportunidades de generación de ingresos a aproximadamente 14.000 excombatientes dista mucho de haberse logrado, como ilustra el hecho de que solo se han aprobado 17 proyectos, de los cuales solo 2 cuentan actualmente con financiación".
Pese a todo lo anterior, en su informe el Secretario General Antonio Guterres resalta que, si bien el proceso de paz no está exento de serios desafíos, la importancia del Acuerdo de Paz para el futuro del país tiene ahora más validez dado "el compromiso del nuevo Gobierno de aplicarse en la implementación del Acuerdo de Paz, y el amplio apoyo de que goza el Acuerdo entre la oposición y los partidos independientes".
