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El acceso a asesoramiento legal en Colombia continúa siendo un desafío para muchos ciudadanos debido a los elevados costos asociados y a los largos tiempos de espera en los servicios jurídicos. A pesar de contar con una amplia cantidad de profesionales del derecho, que superan los 420.000 según registros de la Unidad de Registro Nacional de Abogados, aún persisten dificultades significativas para acceder a esta ayuda crucial.
En respuesta a esta problemática, Cristian Valenzuela, un abogado colombiano, ha inaugurado Legal Aid, la primera empresa de prepagado jurídico en el país. Con más de 10,000 afiliados, su misión es eliminar barreras históricas y promover la democratización legal, facilitando así un acceso más equitativo a los servicios legales. Este enfoque innovador busca cerrar la brecha existente en la protección legal para los colombianos.
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Similar al modelo de prepagado en el ámbito de la salud, este servicio de prepagado jurídico permite a sus usuarios pagar una tarifa mensual fija para acceder a una amplia gama de servicios legales. Esto abarca desde consultas jurídicas hasta representación en casos judiciales, entre otros beneficios. La meta principal es ofrecer una opción asequible para aquellos que de otra manera no podrían costear este tipo de servicios, promoviendo así una mayor equidad en el acceso a la justicia.
Una de las ventajas destacadas es que, con cualquiera de los tres planes disponibles, las personas pueden acceder a hasta cinco consultas mensuales en diversas áreas del derecho, dependiendo del plan al que se hayan afiliado. Además, se benefician de un copago del 10% en los honorarios profesionales acordados con el abogado.
Cristian Valenzuela menciona que una vez una persona se une a Legal Aid, puede programar una cita con un profesional especializado en un plazo de 24 horas, cubriendo la línea de derecho correspondiente al plan al que se haya afiliado. Este enfoque innovador tiene el potencial de revolucionar la forma en que las personas acceden a la asesoría legal, permitiendo que más individuos protejan sus derechos sin preocuparse por los costos asociados.
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Además, tienen planes de expandir este modelo por América Latina para el año 2024, con miras a llegar a países como Chile, Ecuador y Perú. Asimismo, tienen en mente lanzar un producto digital novedoso que busca facilitar aún más el acceso a asesorías jurídicas en toda la región, proyectando alcanzar más de un millón de afiliados en los próximos tres años.
