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El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González Mechán irá a juicio por la corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD). La Corte Suprema de Justicia evaluará si los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación en su contra tienen asidero.
La Fiscalía, que lo acusó basándose principalmente en los testimonios del confeso corrupto Olmedo López —el exdirector de la UNGRD que firmó un principio de oportunidad a cambio de delatar a más implicados en el entramado ilícito—, apunta a González como una ficha clave en desvíos de dinero y de contratos.
Según relató el ente acusador, en septiembre de 2023 González ordenó, desde la Casa de Nariño, entregarles $3.000 millones al expresidente del Senado Iván Name y $1.000 millones al expresidente de la Cámara Andrés Calle. La intermediaria habría sido la ex consejera presidencial Sandra Ortiz.
Name y Ortiz eran parte del partido Alianza Verde, del que González fue presidente. Calle, por su parte, era liberal. Al parecer, el exmilitante del M-19 buscaba torcer los trámites de varias reformas de la administración del presidente Gustavo Petro para que el Congreso no las archivara.
Los recursos comprometidos para pagar los sobornos, al parecer, provenían de un contrato para suministrar cuarenta carrotanques para transportar agua potable para comunidades indígenas de La Guajira. Las instrucciones de González se habrían dirigido a Olmedo López.
El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) compareció este jueves desde Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, lo mantiene asilado. Desde su escape a Centroamérica, no ha regresado a Colombia, donde la justicia lo acecha.
La magistrada Blanca Nélida Barreto, expresidenta de la Sala de Primera Instancia de la Corte y ponente del caso contra González, le preguntó si iba a emitir alguna manifestación. El exfuncionario del gabinete, aunque rompió su silencio, en principio se limitó a afirmar que no diría nada.
Absurdos, mentiras, vacíos y falsedades
"No, su señoría. Estoy pendiente de la evolución de este asunto", dijo el exdirectivo del partido Alianza Verde cuando la togada le preguntó si se pronunciaría sobre las potenciales víctimas. "Gracias, magistrada", zanjó, antes de que su abogado, Iván Cancino, tomara la vocería.
Cancino aprovechó la audiencia virtual para cuestionar las postulaciones de las víctimas y para pedirle a la Fiscalía que aclare ciertos puntos de su acusación. Y, en lo que calificó como un llamado al "orden", pidió que no se tachara a González de "prófugo de la justicia".
"Estas audiencias se han venido desarrollando con toda la calma y la tranquilidad", sostuvo el penalista. "Me gustaría que dejáramos las reglas claras", agregó, porque, en su concepto, "esa aseveración de 'prófugo de la justicia' no viene al caso hacerla en una presentación de partes".
Antes del cierre de la jornada, el ahora acusado protestó por los señalamientos de la Fiscalía. Las normativas sobre procesos penales indican que los jueces deben preguntar a los procesados si comprendieron lo que se les achaca. González lo negó, alegando "vacíos y falsedades".
La declaración se tornó en un cruce entre la magistrada Barreto y el exdirector. Hubo regaños, gestos faciales y reproches. González, de gafas y al frente de un fondo blanco que no daba cuentas de dónde se encontraba fugado, remarcó que no aceptaba los cargos.
"Obviamente, para mí no es clara. Para mí, hay una serie de absurdos en esa acusación, hay una serie de mentiras en esa acusación. Para mí, no es válida, y estamos aquí frente a una incriminación real, unos hechos que se juzgaron por otro lado", expresó con ironía.
Un asilo cuestionable
Los expedientes por el saqueo a la UNGRD en la administración de Petro apuntan a González, ex representante a la Cámara, como una pieza central. Por eso la Fiscalía le pidió al Tribunal Superior de Bogotá una medida de aseguramiento en su contra, y a la Interpol, una circular roja.
La Corte Suprema deberá fijar la fecha para una audiencia preparatoria, que definirá las evidencias que se debatirán en el juicio, y luego un cronograma para el juzgamiento propiamente. Entre tanto, Iván Name y Andrés Calle permanecen detenidos de forma preventiva, también acusados.
Petro le pidió a Managua el 15 de agosto extraditar a González, luego de que un funcionario de la Embajada bogotana en Nicaragua solicitara la residencia para el exmilitante del M-19. El Ejecutivo colombiano ha negado estar detrás de la petición.
El régimen de los Ortega Murillo respondió con una nota diplomática en la que confirmó el asilo para González. Los ministerios de Exteriores y de Justicia colombianos aseguran que González es requerido "por la presunta comisión de delitos de carácter común", no por persecución política.
Carlos Ramón González "enfrenta un proceso penal", enfatizaron las carteras. El derecho al asilo, entonces, "no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos".
La Fiscalía le imputó a González cohecho, peculado y lavado de activos. Ninguno de los punibles es político. Desde que el ente acusador imputó a González en Mayo, su paradero había sido desconocido, hasta que las investigaciones y la idea de una orden de captura revelaron que está en Centroamérica.
Otros líos enlodan a Carlos Ramón González
En diciembre del año pasado, González reapareció en una fiesta vallenata que organizó el cuerpo diplomático de Bogotá en Managua. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios "por determinar" de la Cancillería y de la Embajada.
"A fin de obtener las pruebas que permitan delimitar los hechos enrostrados, y conforme a ello determinar presuntos responsables, y valorarlos de cara a la posible incidencia disciplinaria, se dispone iniciar indagación previa", sostiene el auto de cuatro páginas que da inicio al proceso.
La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría ordenó una inspección en la Cancillería para conocer su participación en la ‘Noche Vallenata’, la parranda del 11 de diciembre en el Palacio de los Cristales, un salón del lujoso Teatro Nacional Rubén Darío, en la capital nicaragüense.
El Ministerio de Exteriores, liderado por Rosa Yolanda Villavicencio, tendrá que responder por "la naturaleza del evento", los invitados y los recursos invertidos, con soportes como contratos para artistas, convenios de logística y constancias de pagos para los responsables de la organización.
Contestará, además, si tuvo conocimiento de que González hubiese asistido y si adelanta una investigación. La Cancillería anunció el 16 de diciembre un proceso interno para "establecer las posibles responsabilidades" del entonces encargado de negocios, Óscar Muñoz, ahora reubicado.
La Fiscalía también abrió una indagación. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por su parte, investiga a la fiscal María Cristina Patiño y al fiscal Gabriel Sandoval Vargas, quienes han encabezado los procesos por la UNGRD, por una presunta negligencia que derivó en la fuga de Carlos Ramón González.
En noviembre de 2025, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó recaudar pruebas contra la fiscal general, Camargo, por una denuncia de la Red de Veedurías de Colombia que asevera que "no ha realizado gestiones para el cumplimiento de la captura" contra González.
