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Líderes sociales de las 32 mesas distritales y municipales del departamento del Atlántico, denunciaron que persisten las amenazas y extorsiones en sus territorios, que impiden el libre desarrollo de un trabajo efectivo con las comunidades afectadas por el conflicto armando.
Misael Delgado, líder de la mesa de víctimas en el Atlántico, aseguró que "luego de la implementación y de los acuerdos de paz, las víctimas y líderes sociales reclaman mayores garantías para su protección y aseguran que el Estado ha sido distante en este proceso. Siempre hemos solicitado el restablecimiento de nuestros derechos y han sido muy difícil lograr esta meta".
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En diálogo con RCN Radio, señaló que "las amenazas a los líderes persisten en el departamento del Atlántico a través de la modalidad de llamadas telefónicas, mensajes por redes sociales y extorsiones a través de mensajes vía redes sociales. Los sectores más afectados son el municipio de Soledad, Sabanagrande y gran parte del sur oriente y sur occidente de Barranquilla".
Por su parte, el coordinador de la mesa departamental de Víctimas de Atlántico, Misael Delgado y quien fue víctima de desplazamiento forzado, precisó que "hemos planteado la necesidad de talleres para capacitar a las víctimas en temas de retornos y reubicación. Trabajamos por políticas públicas en temas de seguridad, prevención y protección para nuestros líderes defensores de Derechos Humanos y buscamos que se plantee una política de vivienda para que las víctimas tengan mayores oportunidades de acceso a una casa propia”.
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La Mesa Departamental de Participación de Víctimas en el Atlántico se mostraron de acuerdo frente al panorama de los voceros comunales del país, luego de las declaraciones de Jessica Faieta, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, quien expresó su preocupación frente a las amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales, en Colombia.
