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La Superintendencia de Transporte abrió investigaciones a ocho empresas de transporte especial escolar en el país por incumplir medidas de funcionamiento.
Según la entidad, las empresas presuntamente prestan el servicio excediendo el cupo permitido, no cuentan con tarjeta de operación vigente y no tienen el acompañamiento obligatorio de un adulto.
Al respecto, superintendente de Transporte, Wilmer Arley Salazar Arias, señaló que “estas investigaciones se abrieron luego de analizar los resultados de los operativos realizados por la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional (Ditra) y gracias a las denuncias interpuestas que han puesto de presente irregularidades en la prestación del servicio público de transporte escolar en todo el país”.
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“Hacemos un llamado a toda la comunidad en general, pero, especialmente, a las asociaciones de padres de familia y los establecimientos educativos para que presenten sus denuncias ante la Superintendencia las cuales serán de gran importancia para la ejecución de nuestras labores”, agregó.
Asimismo, la Supertransporte indicó que a la fecha se encuentra adelantando investigaciones administrativas sancionatorias en contra de:
La Cooperativa de Transportes de San Roque, Transportes Especiales Ónix y Expresos Escolares por, presuntamente, prestar el servicio de transporte especial escolar excediendo la capacidad de cupo que tiene cada vehículo.
De Megavans por, presuntamente, tener vencida la tarjeta de operación. Además, de Transportes Ciudad Bonita por, presuntamente, prestar el servicio sin la persona responsable que actúa como monitor.
También, de School Touring Service por, presuntamente, prestar el servicio excediendo el cupo previsto para los vehículos.
Por otra parte, se encuentra en curso proceso sancionatorio en contra de las empresas Servicio Especializado de Transporte Escolar y Servicios Integrados para el Transporte Escolar Empresarial y Turístico, quienes dentro de su actividad tienen previsto el servicio de transporte escolar, no obstante, las conductas por las cuales se les formuló cargos corresponden a conductas relacionadas con la prestación del servicio de transporte especial.
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Cabe recordar, que desde 2020 se han adelantado 38 actuaciones administrativas sancionatorias en contra de Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), 42 en contra de Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) y 111 actuaciones en contra de Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), todo lo cual redunda en la seguridad vial y la prevención de accidentes.
De ser encontradas responsables las empresas podrían ser sancionadas con multas de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
