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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el inicio de una investigación en contra de las compañías de telefonía móvil Comcel S.A. y Movistar, por negar a los usuarios el derecho de la portabilidad.
Según sostuvo la SIC, “indagaciones preliminares dieron muestra de que es posible que se estén presentando violaciones al Régimen de Protección a los Usuarios por presuntamente limitar el derecho de elegir libremente el operador de su preferencia a través de la portabilidad numérica”.
En ese mismo sentido, destacó que estos dos operadores habían negado varías veces la solicitud de portabilidad, debido a que supuestamente se encuentran amparados en una presunta activación autorizada de productos denominados 'Bono de fidelización', 'Mejor Juntos' y 'Datos Plus'.
Este organismo confirmó que Movistar y Comcel S.A. probablemente estarían activado y cobrando a sus usuarios un producto, sin su autorización o aceptación previa y expresa, por lo que anteriormente se estarían vulnerando sus derechos.
La SIC, a través de un comunicado, afirmó que “esta conducta atentaría contra los derechos de los usuarios, pues en los contratos de servicios de comunicaciones debe haber aceptación expresa de cualquier modificación de los mismos”.
Dentro de los cargos formulados por parte de este organismo de vigilancia, se encuentran :
- Desconocer el derecho que les asiste a los usuarios de recibir información clara, cierta, veraz, oportuna y completa para tomar decisiones respecto del servicio ofrecido o activado.
- Modificar las condiciones acordadas previamente con los usuarios, imponiéndoles y cobrándoles servicios que presuntamente no fueron aceptados expresamente por estos.
- Desconocer el derecho que les asiste a los usuarios de recibir copia del contrato de prestación de servicios de comunicaciones ajustado, durante el período de facturación siguiente a aquel en que se efectuó la modificación del plan inicialmente contratado por parte del proveedor.
- Diseñar e implementar estrategias comerciales y/o promociones y ofertas que tienen como efecto impedir que los usuarios elijan libremente su proveedor de servicios, lo que a la postre generaría una permanencia en el uso del servicio prestado con el operador.
En caso de que estas acusaciones se comprueben, Movistar y Comcel S.A. podrían llegar a someterse a multas de hasta de 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
