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La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra más de 40 funcionarios, por presuntamente omitir el cumplimiento que debían darle a la constitución de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (Mesepp) que permitiera garantizar los derechos de los niños y niñas del pueblo wayúu.
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La investigación incluye a cinco exconsejeros presidenciales, tres ministros de Salud, cuatro de Vivienda, dos de Medio Ambiente, cuatro de Agricultura y Desarrollo Rural, cuatro exdirectores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, tres exdirectores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuatro directores de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, tres superintendentes nacionales de Salud.
Adicionalmente, investigan a tres gobernadores de La Guajira, dos alcaldes de Maicao, dos de Manaure, dos de Riohacha y dos del municipio de Uribia, de los cuales aún no se conoce la identidad.
El Ministerio Público señaló que, al parecer, la medida ordenada por la Corte Constitucional para superar el estado inconstitucional de las cosas no habría sido cumplida, lo que impidió asegurar el acceso de la población beneficiaria al agua, a la alimentación, la salud, la igualdad y la diversidad cultural.
Los funcionarios vinculados al expediente son los que han estado al frente de las entidades desde 2022, fecha en la que se emitió el fallo, por parte del Alto Tribunal, hasta quienes los ocupan en la actualidad, toda vez que pasados cinco años no se han conocido gestiones frente a su cumplimiento.
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La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia o no de la conducta por parte de los funcionarios, para lo que decretó la práctica de pruebas.
