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En medio del Consejo de Gobierno de este lunes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció que visitará Hidroituango este viernes y desde allí anunciará la fecha de terminación de las pruebas, antesala para la entrada en operación de las primeras turbinas de esta megaobra.
La visita iba a realizarse el pasado viernes 30 de septiembre, pero tuvo que ser cancelada, según informaron desde EPM a los medios de comunicación, debido a la situación climática en el municipio de Ituango, donde se presentaron varios derrumbes.
El alcalde Daniel Quintero dijo que será una buena noticia la que se anunciará desde la megaobra. "Yo arranco con una buena noticia y es que el próximo viernes vamos a estar en Hidroituango, íbamos a estar este viernes pasado, ya presentando los últimos hitos para poder arrancar las máquinas, vamos a ir el próximo viernes, ahí vamos a dar una buena noticia y ahí ya se informa la fecha de terminación de pruebas, es decir, el viernes va a pasar algo bueno", dijo Quintero.
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El no tener la fecha confirmada ha generado incertidumbre en el departamento, pues Empresas Públicas de Medellín se enfrenta a multas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) si no cumple la fecha de entrada de operación de las primeras turbinas, para la generación de energía.
Reabrir el proceso
Reabrir el proceso fiscal por Hidoituango para recuperar otros cinco billones de pesos fue la petición que hizo el alcalde de Medellín a la Contraloría, en medio del debate que sostiene hace varios días con el gobernador, que ha sido crítico con varias declaraciones del mandatario local.
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En su cuenta de Twitter, Quintero dijo que el ente de vigilancia debería reabrir este caso, “actualizando los valores y llamando nuevamente a los responsables, los condenados y los que faltan por condenar”.
Adicionalmente, el alcalde anunció en este mismo Consejo de Gobierno que enviará una carta oficial desde EPM y la Alcaldía de Medellín a la Contraloría General de la República mostrando los sobrecostos adicionales del proyecto, que corresponden a un detrimento patrimonial de $5 billones por cobrar y que no se tuvo en cuenta en los valores declarados por las autoridades y la empresa en el año 2019.
