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El Consejo Gremial Nacional, AmCham Colombia y Fenalco condenaron las amenazas contra varios mandatarios locales y pidieron al Gobierno nacional medidas urgentes y efectivas para proteger su vida y garantizar el ejercicio de sus funciones.
El Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación por las intimidaciones contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
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“Los mandatarios son actores esenciales para la democracia, el desarrollo social y económico de las regiones y la construcción de un país seguro y en paz”, señaló la organización. El gremio pidió a las autoridades policiales y judiciales la “pronta captura y judicialización de los responsables, así como el desmantelamiento de todo riesgo que impida el normal ejercicio de sus funciones”.
Desde la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, su presidenta María Claudia Lacouture rechazó los hechos y manifestó respaldo a los mandatarios afectados. “No podemos aceptar que en Colombia quienes defienden la justicia, la legalidad y el desarrollo institucional sean amenazados. Toda nuestra solidaridad con la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder ante las intimidaciones en su contra”, afirmó.
Lacouture advirtió además que “el llamado al Gobierno es urgente: proteger sus vidas y enfrentar con determinación todas las formas de criminalidad. La seguridad no puede quedarse en discursos; debe traducirse en acciones concretas y efectivas”.
Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, extendió su solidaridad no solo a Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder, sino también a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.
“Es inaceptable que mandatarios locales estén siendo objeto de amenazas por parte de grupos ilegales. Toda mi solidaridad con Alejandro Eder, Federico Gutiérrez, Dilian Francisca Toro y Andrés Julián Rendón”, afirmó.
El dirigente gremial resaltó que “ellos representan una luz de esperanza en medio del desgobierno que agobia al país. Han devuelto confianza a sus regiones y encarnan la posibilidad de un liderazgo con autoridad, transparencia y compromiso con la ciudadanía. Intimidarlos es atentar contra la esperanza de recuperar el país”.
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Finalmente, Cabal señaló que “el Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad, y la sociedad debe cerrar filas en torno a ellos. Defender su labor es defender la institucionalidad democrática y la esperanza de un futuro en el que no se celebre con tarimazos a los delincuentes, sino que se les pida explicaciones ante un juez de la República”.
