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La decisión de la Fiscalía General de la Nación de dar vía libre a la Resolución 0072 de 2026 ha provocado un sismo institucional en Antioquia. El documento, que ordena suspender las órdenes de captura de 23 cabecillas que integran la mesa de diálogo de paz del Valle de Aburrá, no solo ha generado el rechazo del Gobierno Departamental, sino que ha puesto en máxima alerta a los sectores productivos representados en Fenalco y Proantioquia.
Aunque la resolución aclara que no se trata de una libertad masiva e inmediata para todos los implicados, el sector privado considera que la medida envía un mensaje de "impunidad" que afecta directamente la confianza en el sistema de justicia.
Proantioquia: "La justicia está en riesgo"
Para Juliana Velásquez Rodríguez, directora de Proantioquia, la determinación del ente acusador bajo la solicitud del Gobierno Nacional representa una alerta roja para las víctimas del conflicto. La dirigente enfatizó que el respeto a la ley no debe tener concesiones, especialmente cuando hay procesos electorales y la seguridad de Medellín de por medio.
“El Estado de Derecho se cuida cuando el respeto a la ley, el accionar de los gobernantes y la toma de decisiones de cara a la ciudadanía se sostienen sin concesiones. La solicitud del Gobierno Nacional a la Fiscalía de suspender las órdenes de captura y liberar a presos condenados es una alerta contra todos los colombianos víctimas de la violencia que deja un mensaje desesperanzador sobre la noción de justicia”, manifestó Velásquez Rodríguez.
Fenalco: "Un jaque a la seguridad y las elecciones"
Desde la regional de Fenalco, la postura fue de total respaldo a la indignación ciudadana. María José Bernal, directora del gremio de los comerciantes, fue contundente al analizar la política criminal del Ejecutivo. Según Bernal, liberar a estos sujetos o suspender sus restricciones judiciales pone en riesgo la estabilidad de las próximas elecciones presidenciales, a las que calificó como las más importantes en décadas.
“Total rechazo a que la Fiscalía levante 23 órdenes de captura y libere a 7 cabecillas de bandas criminales en Medellín. ¿Cuál es el objetivo? El primer mensaje es que ser bandido paga; el segundo es que hay una amenaza directa al imperio de la ley y la justicia; y el tercero es que las elecciones que vienen se ven totalmente en jaque”, advirtió Bernal.
Contexto judicial y la respuesta de la Gobernación
El alcance de la resolución es amplio: de los 23 beneficiados, siete ya estarían fuera de las celdas, y otros 16 tienen la posibilidad de salir eventualmente para asistir a reuniones de la mesa de paz en sedes ubicadas en Bogotá, Rionegro y el Valle de Aburrá. Esta medida tendrá, inicialmente, una vigencia de seis meses.
Ante este panorama, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que la administración departamental no se quedará de brazos cruzados. Aunque los gremios apoyan la postura, es la Gobernación la que asumirá la carga jurídica.
“Nosotros, desde la Gobernación de Antioquia, vamos a presentar en conjunto con las 10 alcaldías que componen el área metropolitana, ante el Consejo de Estado, una acción de nulidad para que esta medida ilegítima y arbitraria, ojalá, se eche para atrás”, explicó el mandatario.
Rendón también lanzó una pregunta que resuena en los sectores económicos: “¿Quién va a verificar el buen comportamiento de estos bandidos en las calles?, si aun estando en la cárcel de la Paz ya se conocía que desde allí seguían tejiendo la red de la extorsión”.
Finalmente, el sector gremial de Antioquia ratificó que su "intranquilidad" se fundamenta en la falta de garantías para la población civil en el marco de la denominada Paz Total, respaldando plenamente las acciones legales que emprenderá el departamento para intentar revertir esta situación ante el Consejo de Estado.
Por Sebastián Góez Cuéllar.
