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En una muestra de unidad regional, el gobernador Andrés Julián Rendón se reunió con los alcaldes de Medellín, Itagüí y Envigado para analizar las implicaciones de la resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
El documento ordena la suspensión de las órdenes de captura para 23 cabecillas de estructuras criminales que delinquen en el Valle de Aburrá, bajo el argumento de facilitar los diálogos en la mesa de la Paz Total instalada en la cárcel de Itagüí.
Sin embargo, para los mandatarios locales, la medida es un despropósito. Rendón fue tajante al desglosar el alcance de la resolución: "Lo que han consignado es que hay 7 bandidos que ya están en libertad y otros 16 que podrían quedar libres de moverse por el Área Metropolitana, Rionegro y Bogotá, supuestamente para conversaciones sociojurídicas", denunció tras un consejo de seguridad extraordinario.
El peligro para víctimas y cooperantes
La preocupación no es solo política, sino de seguridad ciudadana. El alcalde de Itagüí, Diego Torres, advirtió sobre el peligro latente para quienes ayudaron a encarcelar a estos criminales." Estas medidas van en contravía de todos los operativos que realizamos. Las víctimas, los testigos y los cooperantes que fueron a las audiencias e identificaron a estas personas hoy sienten un riesgo real sobre sus vidas", señaló Torres.
Según cifras de la Gobernación, estos 23 individuos tienen mando directo sobre más de 1.200 combos criminales que azotan a Medellín y sus alrededores. La resolución permite la movilidad de figuras oscuras del narcotráfico y la extorsión, como alias 'Douglas' (exjefe de 'La Oficina') y alias 'Tom', en zonas estratégicas de Antioquia y la capital del país por un periodo de 180 días.
Críticas a la independencia de la Justicia
En un tono marcadamente crítico hacia el Gobierno Nacional, Rendón cuestionó el papel de la Fiscalía en la política de paz del presidente Gustavo Petro. "Le pedimos a la Fiscal General que piense en el país y no en los aliados de Petro. Que la justicia no se convierta en idiota útil del crimen organizado", sentenció el mandatario, comparando la situación con los beneficios otorgados a otros grupos armados como los de alias 'Calarcá'.
Control territorial: El caso del Doce de Octubre
El contexto en los barrios de Medellín refuerza los temores de la Gobernación. Recientemente, se descubrió que en el sector del Doce de Octubre, el combo 'El Polvorín' había instalado su propia red de cámaras de vigilancia para monitorear a la comunidad y a la fuerza pública. Para las autoridades, este es un síntoma claro de que estas organizaciones no tienen voluntad de paz, sino que buscan consolidar un Estado paralelo mientras el Gobierno les otorga beneficios jurídicos.
La batalla legal comenzará formalmente la próxima semana. Rendón insistirá en que la persecución penal de delitos como la extorsión y el reclutamiento forzado no puede ser canjeada por diálogos que, a su juicio, solo debilitan la institucionalidad y desprotegen a los ciudadanos de a pie.
Por Sebastián Góez C
