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Pese a que el Comité Nacional del Paro presentó el pliego de 13 puntos que contienen 104 temas y el Gobierno llegó con una propuesta de crear siete mesas de acuerdo para resolver esas peticiones, por sexta vez no se logró ningún acuerdo en esta nueva reunión.
El vocero del Gobierno, Diego Molano, reiteró que los puntos relacionados con la seguridad nacional no son negociables: "Entraremos a analizar estos puntos en su totalidad porque algunos pasan de órbitas constitucionales o son temas de fondo frente al Estado colombiano, caso como garantizar el derecho a la protesta, libertad inmediata de las personas detenidas en protestas y los presos políticos".
Igualmente, señaló que " sigue en discusión el nombre de la mesa para que las discusiones que se hagan sobre estos nuevos 104 puntos se puedan discutir de manera seria y con responsabilidad".
Por su parte, los miembros del Comité Nacional del Paro señalaron que el Gobierno no recibió la agenda propuesta para concretar una mesa de negociación.
"El Comité del Paro expresa la necesidad de entablar una mesa de negociación la cual el Gobierno rechazó. Presentamos tres peticiones claras: la primera, dejar las agresiones y pronunciarse frente a los hechos ocurridos en las manifestaciones; en segunda medida le presentamos el pliego de peticiones que construimos colectivamente, y en tercera instancia le exigimos que sea una mesa de negociación más no de acuerdos".
Este viernes se reunirán nuevamente ambas partes para tratar de llegar a una negociación.
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Entre las peticiones presentadas al Gobierno Nacional están:
1. Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social
Retiro del proyecto de la Ley Estatutaria por el cual se pretende regular el artículo 37 de la Constitución Política, y abstenerse de promover cualquier iniciativa normativa que tenga como fin regular la protesta social.
Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social y la movilización, así como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos políticos.
Que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio. Garantías especiales dirigidas a acabar con la violencia contra las mujeres en los procedimientos de la fuerza pública en intervención a la protesta social.
Implementación de la resolución 1190 de 2018. Instalación inmediata de la Mesa Nacional primera de Seguimiento a la Protesta Social, activación de Puesto de Mando Unificado y reconocimiento y fortalecimiento a misiones de verificación.
Expedición de directivas precisas a los Gobernadores y Alcaldes para la implementación territorial de la Resolución 1190 de 2018. Desmonte del Esmad y abstenerse de la creación de cuerpos similares en la Fuerza Pública.
Prohibición del uso de las armas de “letalidad reducida” que han producido lesiones, mutilaciones y muertes por la actuación arbitraria de la fuerza pública.
Revisión del Código Nacional en cuanto a las facultades que se otorgan a la Policía para imponer los mal llamados “traslados por protección”.
Inaplicación inmediata de los “traslados por protección”. Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados. Con enfoques diferenciales de género, derechos de las mujeres, étnico y territorial.
El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la justicia penal militar, a la unidad de DD. HH. y DIH de la Fiscalía.
Desarrollar procesos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la muerte de Dilan Cruz, de los líderes y lideresas sociales asesinados, desaparecidos y amenazados.
Adelantar procesos de atención, rehabilitación y reparación por las afectaciones físicas y psicológicas de las personas que fueron heridas por la acción arbitraria de la fuerza pública.
2. Derechos Sociales Política pública que elimine la tercerización laboral y propenda por la formalización laboral y trabajo decente.
Garantías de seguridad social y condiciones de trabajo para los trabajadores y trabajadoras en situación de precariedad, entre ellos especialmente los y las jóvenes, o trabajadores de oficio (recicladores), la industria manufacturera u otros en especial situación de precariedad.
Pacto social y político por el derecho fundamental a la salud, universal, gratuito, de calidad y sin barreras: -La financiación de la red pública hospitalaria estará a cargo del Estado.
Eliminar la intermediación de entidades privadas en la red pública de salud; las actividades y recursos de salud deben manejarse a través de instituciones públicas.
Formalización de los trabajadores y trabajadoras del servicio de salud, en un periodo no superior a seis meses, garantizándoles estabilidad laboral, y condiciones dignas de trabajo.
La nómina de los trabajadores y trabajadoras de las Empresas Sociales del Estado será responsabilidad directa del Estado.
Reformar las normas pertinentes en materia de salud, contenidas en la Ley 100 de 1993 y normas afines.
