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El hecho dejó un total de 336 muertos y más de cien desaprecidos en hechos ocurridos entre el 31 de marzo y el 1 de abril de este año.
El fiscal delegado ante la corte a cargo de la investigación le formuló cargos a la gobernadora del Putumayo como presunta responsable del delito de homicidio culposo en calidad de garante.
Según el delegado de la Fiscalía a la mandataria departamental le correspondía realizar los deberes de protección de la vida de las personas asentadas en las zonas de riesgo.
“En efecto, las muertes le eran previsibles ya que las autoridades departamentales y municipales conocían con anterioridad el daño que las características naturales de la quebrada ponían en riesgo inminente a un alto porcentaje de la población de Mocoa”, dijo el fiscal del proceso.
“Los resultados parciales y finales de los estudios técnicos fueron conocidos por la gobernadora antes de la tragedia. No obstante, está en una actitud incomprensible los ignoró a pesar de que allí se le indicaba el nivel de fluviocidad que podría ocasionar una torrencial lluvia como la ocurrida”, indicó el fiscal.
En las inspecciones judiciales también se constató que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial cambió el uso del suelo, de zona forestal a área de expansión urbana, y permitió el asentamiento de comunidades muy cerca de la ronda de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, y varios de sus afluentes; con lo cual fueron desestimadas las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía).
De acuerdo con los investigadores, los ríos mencionados fueron los que se desbordaron y sirvieron de canal para que el alud arrasara con 17 barrios de Mocoa que invadieron las zonas de protección y conservación ecológica.
