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Transparencia por Colombia entregó un informe de balance sobre la acción pública anticorrupción del Gobierno de Iván Duque. El próximo 6 de agosto culminará el periodo del Gobierno saliente 2018 – 2022, y se posesionará Gustavo Petro como mandatario del país el 7 de agosto.
El informe muestra algunos avances en la lucha anticorrupción, pero plantea que los resultados alcanzados por el poder ejecutivo en los últimos cuatro años fueron limitados.
Se hizo un análisis de los cuatro ámbitos cruciales para enfrentar la corrupción, los cuales son: las medidas de prevención, identificación, sanción y reparación; el fortalecimiento de la transparencia y de la integridad en la gestión pública; las medidas tendientes a garantizar la equidad y la transparencia en el sistema político; y los esfuerzos para avanzar en la garantía de los derechos humanos que hacen viable la lucha contra la corrupción.
Por otro lado, durante el periodo analizado se identificaron tres aspectos que hacen más desafiante la lucha contra la corrupción en el país, los cuales son: la creciente inequidad económica que incentiva a los grandes grupos de poder a utilizar prácticas corruptas para proteger sus privilegios; el deterioro de indicadores asociados a libertades democráticas -como la libertad de expresión- que derivan en un escenario de menores garantías para el control al poder político; y las afectaciones a la movilización ciudadana y a líderes sociales que evidencian las dificultades que enfrenta la sociedad para servir de contrapeso en situaciones de descontento ciudadano.
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Los indicadores que se deterioraron en la lucha contra la corrupción
Para el informe se analizaron los distintos indicadores que se deterioraron en materia de lucha contra la corrupción durante los últimos años:
- El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional muestra estancamiento del país pues luego de 10 años de medición Colombia continúa con una calificación de 39/100 puntos sin mostrar cambios significativos en años recientes.
- La Encuesta de Cultura Política del DANE (2022) indica que el 73,2% de las personas encuestadas considera que la corrupción aumentó entre 2020 y 2021, lo que representan un incremento de 8.3 puntos porcentuales frente a la medición anterior.
- Según datos de Invamer, entre 2019 y 2022 la corrupción se mantuvo como uno de los problemas que más preocupan a los colombianos.
- Entre 2017 y 2021, Colombia cayó del puesto 83 a 101 en el indicador de ausencia de corrupción del Índice de Imperio de la Ley del World Justice Project.
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Balance de las medidas anticorrupción
En el informe se puede ver que los avances más significativos durante el Gobierno de Iván Duque se concentran en medidas normativas para incrementar la sanción de la corrupción: se eliminó la figura de casa por cárcel para los corruptos; se fortaleció la inhabilidad para volver a contratar con el Estado de empresas sancionadas por hechos de corrupción; se aprobó la posibilidad de investigar a los beneficiarios finales de personas jurídicas involucradas en hechos de corrupción; entre otros aspectos.
Asimismo, se destaca la creación de un Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción, a partir del cual se podrán iniciar procesos de reparación a los afectados directos por hechos de corrupción.
Por su parte, los avances en sanción y reparación por hechos de corrupción, junto con la creación de instrumentos como la red Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA), no eran centrales o no estaban contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Algunos de los instrumentos que ocupaban un rol preponderante en el Plan de Desarrollo solamente se desarrollaron al final del período, como el Conpes 4070 de Estado Abierto, y otros definitivamente no se tramitaron, como la reforma al Sistema Político.
En materia normativa, entre el 2018 -2022 se generaron en total 12 leyes nuevas en la materia en lucha contra la corrupción, varias de las cuales contaron con el impulso del Gobierno Nacional, pero no se promovieron reformas que atacaran los problemas estructurales, en especial en empleo público y contratación, los cuales continuaron siendo dos focos de escándalos de corrupción durante este gobierno.
Finalmente, con el tema de los derechos humanos necesarios para la lucha contra la corrupción, durante los últimos cuatro años se presentaron constantes limitaciones al derecho de acceso a la información pública y a la libertad de expresión, que llevaron a restringir el control ciudadano de la gestión pública.
