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Para la Contraloría General de la República el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del exalcalde de Bogotá y hoy Senador Gustavo Petro, implica un golpe a la estructura competencial, constitucional y legal del Estado Colombiano.
De un análisis preliminar realizado por el organismo de control, puede considerarse que el fallo ataca el efecto legal de inhabilidad por la inclusión y permanencia en el Boletín de Responsables Fiscales exclusivamente para funcionarios de elección popular, en el que ya no se encuentra el actual Congresista.
Por lo que en consecuencia, el proceso de responsabilidad fiscal no se vería afectado directamente en sus aspectos sustanciales y procesales, indicó el vicecontralor Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, que lamentó el fallo de la Corte IDH.
“Es claro que los órganos de control fiscal se ven afectados, en tanto que una de las consecuencias de la declaratoria de responsabilidad fiscal, exclusivamente frente al grupo de servidores de elección popular y en especial alcaldes y gobernadores, se torna inaplicable, y ello abre la puerta a que los efectos disuasivos de la responsabilidad fiscal se vean mermados de manera lamentable”, afirmó el funcionario.
La entidad también aclaró que el Boletín de Responsables Fiscales no desaparece por efecto de la sentencia, “este documento es un registro público de utilidad para todos los nominadores y gestores fiscales en la toma de sus decisiones, no tiene como único fin las inhabilidades que de él se derivan y mucho menos las inhabilidades de servidores de elección popular”.
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La Contraloría se pronunció y sentó su postura en el proceso como tercero interesado el 20 de febrero de 2020, explicando que la estructura de pesos y contrapesos en el andamiaje constitucional del país hace que coexistan diferentes sistemas de responsabilidad de los servidores públicos, entre ellos el penal, el disciplinario y el fiscal.
