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La Fiscalía General de la Nación reveló que fueron judicializados dos presuntos integrantes de una organización delincuencial señalada de estafar a más de 1.000 personas en Medellín.
El fraude se concretó mediante la oferta de falsas membresías, bonos y supuestos beneficios para acceder a paquetes turísticos.
Según la investigación, la estructura habría obtenido de manera fraudulenta más de 14.000 millones de pesos.
Los procesados fueron identificados como Ruthber Jhonaido Palacio Graciano, señalado como el presunto cabecilla de la organización, y Jorman Andrés Sepúlveda Palacio, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías por su presunta participación en el entramado criminal.
Así operaba la presunta red de estafadores
De acuerdo con la Fiscalía, la organización habría creado varias empresas fachada que simulaban ser agencias de viajes legalmente constituidas, con oficinas, empleados e infraestructura diseñada para generar confianza entre las víctimas.
La investigación señala que los presuntos responsables buscaban principalmente a adultos mayores, personas con limitaciones visuales o cognitivas y ciudadanos en condición de vulnerabilidad.
A estas personas les aseguraban que habían sido seleccionados para recibir bonos exclusivos, descuentos o planes turísticos especiales.
La fiscal del caso explicó detalles del 'modus operandi' de los señalados estafadores, quien “se ubican en los pasillos y afuera de centros comerciales el denominado telemarquista u OPC".
Añadió que esta es "la persona que tiene la tarea de realizar el primer contacto personal y directo con las potenciales víctimas. Su labor es seducirlas y atraerlas con el ofrecimiento de un sinnúmero de beneficios a los que supuestamente se han hecho acreedores ”, declaró.
Mientras esto ocurría, otros integrantes de la organización, según la Fiscalía, accedían a la información contenida en los dispositivos móviles y utilizaban los datos personales para abrir productos financieros a nombre de las víctimas y realizar transacciones fraudulentas, cuyos recursos eran transferidos a cuentas bajo control de la red.
Allanamientos, incautaciones y delitos imputados
Como parte de la investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), las autoridades realizaron 15 diligencias de allanamiento y registro en Medellín, La Ceja (Antioquia) y Manizales (Caldas).
Durante los procedimientos fueron incautados computadores, teléfonos celulares, discos duros, bases de datos y otros elementos que serán analizados dentro del proceso judicial.
Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín imputó a los dos procesados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación agravada de datos personales. Los dos investigados no aceptaron los cargos.
Por decisión judicial, Ruthber Jhonaido Palacio Graciano fue enviado a la cárcel, mientras que Jorman Andrés Sepúlveda Palacio permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Cómo operaba la presunta red delincuencial que engañó a más de 1.000 personas?
Según la investigación de la Fiscalía, la organización habría creado empresas fachada que aparentaban ser agencias de viajes legales, con oficinas, personal e infraestructura para generar confianza. Allí ofrecían supuestos bonos, membresías y descuentos exclusivos en paquetes turísticos, especialmente a personas en condición de vulnerabilidad. Una vez las víctimas aceptaban la oferta, les solicitaban sus documentos de identidad, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el argumento de verificar los beneficios, mientras otros integrantes de la red utilizaban esa información para cometer fraudes financieros.
¿Quiénes fueron judicializados y qué papel habrían desempeñado en la organización?
Los judicializados son Ruthber Jhonaido Palacio Graciano, señalado por la Fiscalía como el presunto cabecilla de la organización, y Jorman Andrés Sepúlveda Palacio, quien también habría participado en las actividades del grupo. Ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías por su presunta responsabilidad en el entramado que habría afectado a más de 1.000 personas y obtenido de forma fraudulenta más de 14.000 millones de pesos.
¿Qué delitos les imputó la Fiscalía a los dos procesados?
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación agravada de datos personales. De acuerdo con el ente investigador, estos delitos estarían relacionados con la obtención de información confidencial de las víctimas para abrir productos financieros a su nombre y realizar transacciones sin autorización. Ninguno de los dos aceptó los cargos.
¿Qué encontraron las autoridades durante la investigación?
En desarrollo de la investigación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó 15 diligencias de allanamiento y registro en Medellín, La Ceja y Manizales. Durante estos operativos fueron incautados computadores, teléfonos celulares, discos duros, bases de datos y otros elementos tecnológicos que, según la Fiscalía, podrían aportar pruebas sobre el funcionamiento de la presunta organización y el alcance de las estafas.
