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El Gremio de las EPS del régimen subsidiado (Gestarsalud) hizo un llamado al Ministerio de Salud para que realice a profundidad una evaluación del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2024.
La directora de la entidad, Carmen Eugenia Dávila, anunció que cuando se está próximo a terminar el 2023, todavía no se ha socializado el resultado de la información de la base de suficiencia, ni los actos administrativos que determinan los valores de esta vigencia y mucho menos los estudios que se tendrán en cuenta.
“A 12 días de finalizar el año, aún no se conoce de cuánto será el incremento de la UPC para 2024, la decisión que más impacta en la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)”, señaló.
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La directiva señaló que se hace urgente que sea publicado este valor en la vigencia del 2023.
“De no publicarse antes del 31 de diciembre la resolución que establece dicho aumento, este se ajustaría automáticamente de acuerdo a la inflación causada, lo que traería graves consecuencias financieras para el sector porque no se estarían considerando otros aspectos como el incremento de frecuencias de uso”, explicó.
Dávila recordó que para el cálculo de la UPC se fijó una metodología que se viene implementando desde hace 20 años, en la que se tienen en cuenta entre otros factores, la base de suficiencia del sector para establecer el presupuesto.
“Para alcanzar la suficiencia de la UPC en 2024, será necesario un aumento real que no amplíe la desfinanciación y que reconozca el comportamiento real de las principales variables de cálculo”, dijo.
Apuntó que en una carta enviada al Ministerio de Salud, el gremio solicitó que para el cálculo de la UPC del próximo año se tenga en cuenta factores como el aumento en las frecuencias de uso, el incremento de la siniestralidad y el incremento del costo en la atención de la población post covid-19, al considerar que después de la pandemia la población está consultando con más frecuencia.
“Para el cálculo de la UPC, el Ministerio debe considerar la inflación causada y la proyectada, el incremento del costo de la atención de usuarios en zonas dispersas y los traslados masivos de afiliados que han puesto una presión sobre el financiamiento del sistema por la alta demanda de servicios”, sostuvo.
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La directora de Gestarsalud reiteró además la necesidad de la unificación de la prima pura de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado, ya que aún existe una brecha entre estos a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional, quién ordenó equipararlas en el 95%.
“Entre 2022 y 2023 esta brecha se ha ampliado llegando al 11 %, es decir que por cada afiliado al régimen subsidiado el Estado dejó de pagar un promedio de $128.637 destinados a cubrir las necesidades en salud de la población más pobre y vulnerable, lo que equivale a aproximadamente $3,3 billones en el agregado nacional”, manifestó.
El gremio de las EPS del régimen subsidiado alertó que la situación en el financiamiento del sector es crítica y la desfinanciación es evidente.
“El ciclo de pagos de presupuestos máximos ha sido demorado, a la fecha no se ha revisado ni pagado la mayor ejecución del año 2022 y que aún quedan rezagos de años anteriores”, sostuvo Dávila.
