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Este 9 de septiembre se celebra el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques en el mundo, un día creado en el año 2015 por Naciones Unidas que busca crear pactos e impulsar políticas en el mundo para mejorar la protección de estudiantes, profesores, escuelas y universidades durante conflictos armados.
Colombia es uno de los países suscritos al acuerdo. En el año 2022, bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia firmó la Declaración de Escuelas Seguras. El país se comprometió entonces a tres objetivos puntualmente. "Los objetivos tienen a ver con claramente evitar ataques a instituciones educativas, establecer hojas de ruta clara para el cumplimiento de las acciones y también generar mecanismos de monitoreo y seguimiento para lograr que que si las escuelas sean los entornos protectores y seguros que tienen que ser", dijo para La FM Paola Franchi, vocera de UNICEF, una ONG que vela por los derechos de los niños.
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Sin embargo, Colombia no ha hecho los esfuerzos suficientes para cumplir dicho acuerdo. Entre 2020 y 2024, Naciones Unidas verificó 152 ataques y casos de uso militar de escuelas en el país, lo que incluye amenazas contra profesores, daños a la infraestructura escolar e instalación de artefactos explosivos. Estos hechos, según los informes internacionales, afectan directamente derechos fundamentales de la niñez y adolescencia: protección, nutrición, participación, recreación y el desarrollo pleno de sus capacidades.
"Es evidente, digamos, la situación en que se encuentra el país, el conflicto sigue, hay múltiples actores armados que eh están cometiendo graves violaciones contra la niñez y pero hay que celebrar los esfuerzos porque poco a poco hemos ido avanzando en en la implementación de este plan", dijo Franchi.
El fenómeno alcanzó su punto más crítico en 2024, cuando la ONU registró 27 ataques directos y 35 casos de uso militar de escuelas. Esto significa que, en promedio, cada seis días una institución educativa fue atacada o utilizada con fines bélicos. Al menos 7.024 estudiantes y docentes se vieron afectados de manera directa. En muchos casos, los centros educativos quedaron destruidos, inhabilitados o abandonados por el temor de las comunidades a regresar a ellos.
El uso militar de las escuelas por parte de actores armados incluye convertirlas en escondites, bodegas de armas o lugares de pernocta, prácticas que violan las normas del Derecho Internacional Humanitario y vulneran la seguridad de la infancia.
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El reclutamiento forzado, némesis de seguridad en las escuelas
Los grupos al margen de la ley que operan en zonas rurales con deficiencia de presencia del Estado ponen dentro su mira los entornos escolares. La ONU reportó 152 ataques entre 2020 y 2024 contra instituciones educativas en el país.
"Eso incluye amenazas, ataques directos, a los profesores, daños a las a las infraestructuras escolares o también puede incluir instalación de artefactos explosivos", afirmó.
En el informe del Secretario General de Naciones Unidas del 2024 se registró un incremento del 42% de las graves violaciones contra la niñez en el conflicto armado. "Las graves violaciones son reclutamiento, utilización, asesinato, mutilación, violencia sexual, ataques contra escuelas, hospitales, secuestros y denegación de acceso humanitario", dijo.
En 2024 Unicef registró un aumento del 64% de niños niñas y adolescentes reclutados. Los departamentos más afectados con este fenómeno que constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario fueron el Cauca con 14 casos, Chocó con 9, Putumayo con 7 y Antioquia con 6 en el 2025.
