Ejército destruyó maquinaria para la realización de minería ilegal en Antioquia, que tendría un valor superior a los $3mil millones

Con el objetivo de seguir desarrollando acciones ofensivas contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el Bajo Cauca, antioqueño, se desplegaron unidades del Ejército Nacional al municipio de Cáceres. Allí lograron el hallazgo e intervención de 8 unidades productoras mineras ilegales en la vereda Puerto Santo, de esa municipalidad.

De acuerdo con lo indicado por parte de las autoridades, en el sitio, se destruyeron 5 excavadoras, 3 motores industriales, 3 motobombas, 5 clasificadoras, 1600 metros de manguera negra y 1360 galones de ACPM; elementos que tendrían un valor superior a los 3.000 millones de pesos. Esta maquinaria, según se pudo conocer estaría al servicio del GAO Clan del Golfo.

Con el propósito de combatir los delitos ambientales y con el compromiso de contribuir a la preservación de los recursos naturales y debilitar el financiamiento ilícito de los grupos armados que delinquen en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, el Ejército Nacional seguirá desplegando sus operaciones militares.

Esta reciente operación fue llevada a cabo por parte de tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles de la Décima Primera Brigada, y la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional, con apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Cabe destacar que hace menos de un mes, en esta zona del departamento de Antioquia, unidades de la Décima Primera Brigada y la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional, en la vereda San Lorenzo, jurisdicción del municipio de Cáceres, intervinieron cuatro unidades productoras mineras, donde se hallaron 2 excavadoras, 2 motores industriales, 2 motobombas, 2 clasificadoras, 300 metros de manguera negra y 380 galones de ACPM.

Según las investigaciones, estos elementos mecanizados tendrían un valor superior a los mil millones de pesos y permitirían la extracción de 12.000 gramos de oro al mes, lo que generaba ganancias ilegales por más de cinco mil millones de pesos, recursos que eran destinados al fortalecimiento de las rentas criminales de la delincuencia común organizada.