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La Procuraduría General de la Nación alertó sobre alto riesgo en la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre Fase II, usada para la descontaminación del rio Bogotá y que costó más de 1,5 billones de pesos.
Tras una visita a técnica a esa planta, un grupo de procuradores constataron “averías en los equipos, errores en el funcionamiento de la planta, fallas de comunicación en el control y supervisión de los procesos que impiden el trabajo remoto en parte de las instalaciones y las obras faltantes en el Lote 8 de la Fase 1 y las del Parque Metropolitano presentan atrasos”.
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Esos errores se descubrieron a menos de siete semanas de culminar el contrato para la ampliación y culminación de la Planta para la descontaminación del río, entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Consorcio Expansión PTAR Salitre.
La Procuraduría señaló que, a pesar de esas inconsistencias y los constantes llamados de atención por esos retrasos y errores en la obra, a la fecha la CAR no ha impuesto las sanciones correspondientes que permitan mitigar un posible riesgo de detrimento patrimonial”.
“El contratista no ha entregado la totalidad de los manuales de operación y mantenimiento, y se observaron problemas de temperatura y vibraciones en algunos equipos”, sostuvo la Procuraduría.
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El Ministerio Público “señaló que existe confusión de obligaciones entre la licencia la ambiental y el Contrato 0803 de 2016, que a juicio del órgano de control dan lugar a malinterpretaciones y diferencias entre los consorcios que ejecutan la construcción y la interventoría, la CAR y el actual operador que es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)”.
La Comisión de Disciplina Judicial abrió investigación disciplinaria a la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Nelly Yolanda Villamizar por presunta extralimitación de funciones en las ordenes que ha dado para descontaminar el río Bogotá, que incluye las operaciones en la PTAR Salitre.
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