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La Defensoría consideró que ante los efectos de la protesta no es posible prolongar la búsqueda de una solución, pues las consecuencias en materia de desabastecimiento, alza en los productos de la canasta familiar, restricciones ocasionales a la movilidad e impacto en la economía nacional, han derivado en la vulneración de derechos para miles de ciudadanos.
La entidad observó afectación en departamentos como Antioquia, Arauca, Boyacá, Cauca, Caquetá, Cesar, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander, Quindío, Risaralda, Tolima, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.
La Defensoría del Pueblo estima que es momento de asumir una actitud responsable con el país, y por lo tanto corresponde a los equipos negociadores regresar a la mesa y no levantarse hasta alcanzar una salida que satisfaga al Gobierno y a los transportadores, pero que al mismo tiempo garantice los derechos de la mayoría de los colombianos.
