Contraloría llama la atención por riesgo de pérdida de $67 mil millones

Por falta de gestión en cobro de 2012 a 2015 se triplicó la cartera del impuesto predial y el número de contribuyentes morosos.
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Según la Contraloría hay riesgo de pérdida de $67.431 millones de no tomarse las acciones oportunas de cobro de la cartera del impuesto predial de las deudas que podrían prescribir, fue uno de los principales aspectos del último pronunciamiento remitido por la Contraloría de Bogotá a la Administración Distrital.

El incremento de la cartera del impuesto predial y los contribuyentes morosos se triplicaron entre los años 2012 a 2015.

Al auditar la base de datos de cartera del impuesto predial durante los años 1994 a 2015, la Contraloría de Bogotá determinó una cartera total de $1.4 billones, de los cuales el Distrito dejó de recaudar $775.484 millones entre los años 1994 a 2011, por una ineficiente gestión y falta de seguimiento al proceso de cobro por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda.

El ente de control estableció un riesgo de pérdida de $67.431 millones que vienen del año 2012, que de no tomarse las acciones oportunas de cobro de la cartera podrían prescribir las deudas de los contribuyentes.

Aunque para la cartera de los años 2013, 2014 y 2015 aún hay tiempo de adelantar los procesos de cobro respectivo, es importante fortalecer acciones efectivas de cobro.

Para la Contralora de Bogotá (e), Ligia Inés Botero Mejía, el incremento de cartera podría estar generándose por efecto de la capacidad de pago de los contribuyentes, al darse la actualización catastral permanente de los avalúos urbanos que ha realizado la Unidad Administrativa Especial de Catastro, lo cual tiene una incidencia directa con el incremento del valor del impuesto a pagar.

No obstante, es necesario fortalecer los procesos de cobro coactivo, pues en reciente auditoría a la gestión de los años 2008 y 2009, se estableció un detrimento patrimonial de $28.898 millones que ya se encuentra en proceso de responsabilidad fiscal.

En este caso, no se realizó un proceso eficiente de determinación, fiscalización y cobro del impuesto predial unificado, sobre el cual se contaba con cinco años para ejercer acciones legales, expedir mandamientos de pago, otorgar prórrogas o acordar facilidades de pago contribuyente, lo cual denota una deficiente gestión.


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