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La consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito, Isabelita Mercado, informó en entrevista con La FM que en Bogotá avanza un proceso escalonado de retorno de comunidades emberá hacia sus territorios, en coordinación con la Unidad para las Víctimas. Según explicó, la estrategia comenzó con la población ubicada en el Parque Nacional y continúa en sectores como La Rioja y La Florida.
¿Cuántas personas participan en los retornos en Bogotá?
Mercado señaló que el proceso inició el lunes con la comunidad asentada en el Parque Nacional. Posteriormente, en La Rioja se busca el retorno de cerca de 570 personas y en La Florida de aproximadamente 450. “Toda la población que manifestó su intención de retornar lo hizo, excepto por un grupo pequeño de personas de cerca de 100 individuos”, indicó.
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De acuerdo con la consejera, este grupo estuvo representado por un vocero que desde el día anterior exigió al Distrito 25 millones de pesos para permitir el retorno. “Entendimos que si no se montaban en los buses era porque tenían entonces la intención de integrarse localmente a Bogotá, lo cual es un derecho”, explicó.
Mercado afirmó que la ciudad cuenta con una ruta especial para la integración local de víctimas del conflicto armado, que incluye soluciones de vivienda. “Se les ofrecieron las tres soluciones de vivienda, las tres fueron rechazadas y decidieron entonces quedarse en el Parque Nacional”, señaló. Según dijo, esta decisión obstaculizó el acceso de niños y niñas a los servicios sociales y educativos.
¿Qué garantías tienen los procesos de retorno según la ley?
La consejera explicó que el vocero solicitó los 25 millones de pesos para facilitar el retorno de unas 113 personas, entre las que se encontraban alrededor de 60 niños. “Adicionalmente se queda con la intención de renegociar las garantías del retorno. Y acá hay una claridad que es bien importante y es que las garantías de los retornos están establecidas en la ley”, enfatizó.
Mercado subrayó que dichas garantías no dependen de la gestión de un vocero, sino que corresponden a derechos definidos. “No es posible renegociar unas garantías del retorno porque además en virtud del principio de la igualdad es lo que a todos se les entrega por igual”, precisó.
Sobre la organización del proceso, señaló que lo lidera la Unidad para las Víctimas en articulación con entidades territoriales como la Alcaldía de Bogotá, las alcaldías de Bagadó y Pueblo Rico, la Gobernación del Chocó y la Gobernación de Risaralda, además de autoridades tradicionales de resguardos indígenas. También participan entidades nacionales como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, el ICBF, la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura.
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Mercado destacó que estos planes buscan garantizar la dignidad de quienes retornan, con medios de vida que permitan reconstruir proyectos interrumpidos por el conflicto. “Desde que inicia la administración del alcalde Carlos Fernando Galán hicimos un proceso juicioso de entender cuáles eran las lecciones aprendidas de retornos anteriores”, dijo.
En ese sentido, explicó que Bogotá no se limita al traslado físico de las comunidades, sino que también apoya con transferencias monetarias temporales mientras llegan las inversiones nacionales en proyectos productivos, vivienda, vías y desarrollo rural. “Lo hicimos con la comunidad que salió del Parque Nacional el año pasado y lo vamos a hacer en este proceso de retorno también”, concluyó.
