Insistimos, la población LGBT no dará ni un paso atrás en sus derechos

Columna de opinión:

Hablar de qué esperan las lesbianas, gays, bisexuales y trans de Colombia por parte del Gobierno de Iván Duque resulta tan distinto y diverso como lo es cada individuo de esta población. Algunos votaron por el candidato uribista, otros no. Pero lo que sí es cierto y lo que incumbe a esta población tan diversa, e incluso a los que no se sienten parte de esta, son los derechos para todos sin discriminación alguna. No hablamos, como ciertos sectores asumen, de “privilegios extra” sino de hacer concreta la igualdad, reconocer la dignidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, postulada en la Constitución Nacional, y que el Estado no se quede inmóvil frente a hechos de discriminación y violencia que de manera particular afectan a esta población colombiana. Así de básico.

Podemos hablar de muchos avances legales en Colombia en esta materia, que, no obstante, tienen enormes barreras en su implementación. Existe, por ejemplo, un programa de la Fiscalía para investigar e impulsar los procesos penales por crímenes contra personas LGBT, desde un enfoque diferencial, también se dieron los primeros pasos para consolidar una atención en salud a personas trans que fuera digna y humanizante; sin mencionar los avances constitucionales en los que hay protección familiar – como uniones maritales y matrimonio de parejas del mismo sexo, adopción, pensión de sobreviviente o registro de parejas del mismo sexo- así como la hay en ambientes educativos, entornos carcelarios o en documentos de identificación. Sin embargo es, justamente, tarea del nuevo Gobierno materializar, implementar y hacer realidad las más de 200 sentencias de la Corte Constitucional que reconocen todos estos progresos en igualdad para la población LGBT.

El riesgo de dar marcha atrás a nuestros derechos es latente, no solo en Colombia sino en el mundo entero. Basta ver el contexto actual en el que se agitan movimientos fundamentalistas religiosos que están en contra de la igualdad para la población LGBT y que buscan activamente un retroceso de sus derechos mediante el uso maniqueo de discursos que apelan al miedo y el pánico social en torno a los niños y los padres de familia y que dejan en el aire la idea de que la población LGBT en sí misma o la defensa de sus derechos, sea un objetivo loable como sociedad democrática.

Muestra de ello es la reciente promoción de marchas que, en medio de noticias falsas buscaban que la gente saliera a las calles a manifestarse en contra los Decretos 762 y 410 de 2018, que pretenden espacios libres de discriminación y una política pública para garantizar mecanismos y desarrollos institucionales en pro del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBT.

Pareciera obvio tener que pedir el respeto de lo ya dicho por la Corte Constitucional o pedir, también, que se le dé continuidad a la política nacional de víctimas, en particular a la aplicación del enfoque de género en las acciones que tiene a su cargo el Sistema Nacional de Atención y Reparación a víctimas (y además de todas las instituciones creadas a raíz del Acuerdo Final de Paz), así como pedir la garantía de cumplimiento de los precedentes jurisprudenciales en relación con la protección de los derechos de las familias y personas LGBT, entre muchos otros temas, como la ley antidiscriminación (1482 de 2011) o el Sistema Nacional de Convivencia Escolar (ley 1620 de 2013). Sin embargo, vemos con preocupación el avance de iniciativas que pretenden retrocedernos a épocas en que nuestra existencia como personas LGBT debía limitarse a nuestras vidas privadas como si hubiera algo reprochable, censurable o perjudicial en nuestra existencia.

Tres ejemplos de acciones que nos preocupan en estos primeros 100 días del Gobierno de Duque. Primero, la pretensión de crear un Ministerio de la Familia que solo busca reconocer un modelo, el compuesto por un hombre y una mujer, desconociendo no solo las familias conformadas por población LGBT, sino aquellas que en medio de la diversidad social y cultural del país cuentan con mujeres solteras como cabeza de familia, por ejemplo.

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Segundo, la insistencia de iniciativas legislativas que validen que servidores públicos usen mecanismos de objeción de conciencia para evitar que personas LGBT ejerzan derechos ya reconocidos. Y tercero, el nombramiento de funcionarios públicos abiertamente contrarios a la igualdad de las personas LGBT que, incluso, pueden afectar la garantía de imparcialidad que implica la función pública.

A cien días del arranque del nuevo Gobierno cabe recordar la promesa hecha por Iván Duque y Marta Lucia Ramírez, en la segunda vuelta electoral, frente al no retroceso de ningún derecho de las personas LGBT; cabe, también, hacer un llamado a mantener el apoyo político de la comunidad internacional que ha sido clave en el reconocimiento de nuestros derechos, pero también en el reconocimiento positivo de Colombia como un Estado que ha dado grandes avances en materia de igualdad para todos. La agenda de la igualdad sigue sobre la mesa y los retos no son menores.

Por Colombia Diversa