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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 0799 de 2025, que reglamenta los Sistemas de Recolección y Gestión de Baterías Usadas Plomo-Ácido (BUPA).
La medida busca prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud pública frente a los riesgos derivados del manejo inadecuado de estos residuos peligrosos.
Las baterías plomo-ácido, ampliamente utilizadas en automóviles y motocicletas, contienen plomo y ácido sulfúrico, sustancias altamente tóxicas. Estos materiales, al no gestionarse correctamente, pueden ocasionar daños irreversibles en suelos, fuentes hídricas, aire y en la salud de las personas.
La resolución, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, deroga la Resolución 0372 de 2009 y establece nuevas obligaciones para productores, comercializadores, usuarios y gestores. Asimismo, fortalece las facultades de las autoridades ambientales en materia de seguimiento y control.
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El Ministerio de Ambiente señaló que la norma impulsa la economía circular, la responsabilidad extendida del productor y la protección de las comunidades vulnerables frente a la contaminación por plomo. De acuerdo con la cartera, este marco regulatorio moderniza la gestión de residuos posconsumo en Colombia.
Entre los beneficios ambientales y sociales de la norma se destacan la prevención de la contaminación de suelos y aguas, la reducción de daños a la salud en comunidades expuestas a fundiciones informales y el fortalecimiento del reciclaje responsable.
También promueve incentivos para la recolección de baterías en municipios de categorías 4, 5 y 6, fomenta la formalización de la cadena de reciclaje y asegura la trazabilidad de los residuos a través de certificados de gestión.
Los productores que fabriquen o importen más de 300 baterías al año deberán implementar sistemas de recolección individuales o colectivos. Además, estarán obligados a contar con centros de acopio, realizar campañas informativas y cumplir con indicadores mínimos de gestión: 90% en baterías de vehículos y 60% en motocicletas.
Los comercializadores tendrán que recibir sin costo las baterías usadas, apoyar la logística inversa y difundir información en sus puntos de venta. Por su parte, los usuarios deberán entregar las baterías únicamente en canales autorizados, evitando manipulaciones inseguras o entregas a terceros no acreditados.
Los gestores, responsables del tratamiento y disposición de las baterías, deberán contar con licencia ambiental y emitir certificados de gestión conforme a los parámetros establecidos. Estos documentos garantizarán la trazabilidad del residuo en todo el proceso de manejo.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) será la encargada de aprobar y vigilar los sistemas de recolección y gestión implementados por los productores.
A su vez, las autoridades ambientales regionales intensificarán los controles en talleres, servitecas, estaciones de servicio, centros de diagnóstico y grandes superficies donde se realicen cambios de baterías.
Con la Resolución 0799 de 2025, Colombia avanza en el cumplimiento de los compromisos de la Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos, aprobada en 2022. La medida consolida la apuesta nacional por la gestión responsable de residuos y la protección de los recursos naturales.
