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Este miércoles se retoma la audiencia que pretende esclarecer el caso de Juan Pablo González, el señalado abusador sexual de una joven en Transmilenio, quien fue asesinado en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá.
La diligencia judicial trata de establecer la presunta participación de cinco uniformados de la Policía, quienes estuvieron custodiando parte de la URI el día que se presentó el homicidio del señalado abusador sexual.
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A consideración del Juez 11 de garantías se tomó en consideración la petición de retomar este miércoles la audiencia, para que se pueda seguir escuchando de manera más atenta y detalladas la intervención de los defensores y la Personería, entre otros involucrados.
En jornadas anteriores, por más de seis horas se conocieran los argumentos de la Fiscalía y los abogados defensores sobre la participación o no y la presunta responsabilidad de los cincos policías en la muerte de González.
Durante la audiencia se evidenciaron múltiples videos que dan cuenta, según el fiscal Daniel Gómez Acuña, de la aparente negligencia de los cinco policías durante las horas que estuvo González en la Unidad de Reacción Inmediata.
Desde el pasado lunes se empezaron a revelar detalles de cómo falleció Juan Pablo González, a quien aparentemente golpearon brutalmente entre ocho diez personas, también privadas de la libertad.
Según las revelaciones del fiscal del caso, a González le raparon su cabellera, lo condujeron al baño, lo obligaron a bañarse, le hicieron beber orines y le golpearon por 27 minutos seguidos con patadas, lesionándolo hasta que perdió la vida.
Además, en el desarrollo del proceso judicial, se destaca un testigo clave narró que Juan Pablo "se baña normal, lo peluquean dentro de una celda, se quita la ropa y aproximadamente entre ocho a diez personas lo golpean en los testículos, el estómago, la cabeza entre otras partes del cuerpo y cuando se le acerco ya estaba inconsciente".
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El abogado penalista Francisco Bernate consideró que los hechos son muy graves y que nada justifica que una persona fallezca estando al cuidado del Estado. “Siempre se debe respetar la vida”, resaltó Bernate.
Enfatizó en qué los posibles responsables podrían pagar una pena de más de 40 años por los delitos de homicidio agravado y tortura, los cuales les fueron imputados a los cinco implicados por la Fiscalía en la primera audiencia desarrollada el pasado lunes.
