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La abogada Paula Cadavid, representante de Drummond y socia fundadora de Prias-Cadavid Abogados, explicó en entrevista con La FM los alcances de los veredictos emitidos por un jurado federal en Estados Unidos contra abogados y una ONG, y precisó que la decisión judicial determinó actos de difamación, violaciones a la ley RICO y manipulación de testigos en procesos donde se intentó vincular a la empresa con grupos armados ilegales.
Cadavid indicó que el jurado adoptó dos decisiones. En la primera, declaró responsable al abogado estadounidense Terry Collinsworth por difamación al hacer “afirmaciones falsas sobre supuestos vínculos de financiación de Drummond a las AUC y cooperación en homicidios”. En el segundo veredicto, señaló responsables por violaciones a la ley RICO a Collinsworth, al abogado colombiano Iván Otero, a la ONG IR Advocates y al ciudadano holandés Albert Vanilderbeck.
Según explicó, las violaciones se concretaron en “conspiración, extorsión, soborno y manipulación de testigos, lavado de activos y obstrucción a la justicia”. Cadavid recordó que Drummond y sus directivos ya habían sido absueltos en procesos previos en Estados Unidos desde 2002. “En esos juicios se concluyó que la empresa no financió a las AUC ni intervino en homicidios”, afirmó.
¿Qué determinó el jurado sobre la manipulación de testigos?
Consultada sobre si se probó una estrategia fraudulenta, Cadavid respondió que el jurado encontró responsables a los implicados por “soborno y manipulación de testigos”. Explicó que este comportamiento corresponde a la entrega de dinero para que personas declaren en un sentido específico o modifiquen sus versiones. “Eso fue acreditado dentro del proceso”, señaló.
La abogada añadió que lo relevante del fallo es que los testigos sobornados fueron los mismos utilizados en demandas anteriores contra Drummond. “Los testigos manipulados por el abogado Collinsworth fueron los mismos que se usaron en los procesos previos que Drummond ya había ganado en Estados Unidos”, dijo, al precisar que esa coincidencia fue valorada por el jurado en la decisión final.
Cadavid explicó que el veredicto también evalúa la forma en que se construyeron las acusaciones. Según indicó, la corte examinó cómo se recolectaron testimonios y cómo se produjeron pagos para direccionar declaraciones. “El jurado estableció que existió una estructura para inducir versiones falsas”, manifestó, al señalar que esos elementos llevaron a la declaratoria de responsabilidad bajo la ley RICO.
¿Qué sigue tras el fallo para Drummond en Colombia?
Sobre los efectos posteriores a la decisión, Cadavid afirmó que el propio veredicto contempla la reparación de los perjuicios. “Los responsables están obligados a pagar a Drummond de manera solidaria”, explicó. Añadió que, desde la perspectiva colombiana, lo que debería ocurrir es que las autoridades valoren las evidencias que, según dijo, existen desde hace años sobre la compra de testigos.
“Lo que sigue es que la justicia colombiana examine esas pruebas y acredite que los testigos fueron comprados y cambiaron sus versiones”, expresó. De acuerdo con Cadavid, una valoración adecuada permitiría que las conclusiones coincidan con las de los jueces y jurados estadounidenses que conocieron los procesos en ese país.
Al cierre de la entrevista, la abogada reiteró las conclusiones que, según indicó, fueron confirmadas por las autoridades judiciales. “Las conclusiones son tres: Drummond no financió a las AUC, sus directivos tampoco lo hicieron, y ni la compañía ni sus directivos participaron o cooperaron en ningún acto de homicidio”, afirmó Cadavid, al señalar que esos puntos fueron establecidos tras la evaluación de las pruebas dentro de los procesos en Estados Unidos.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.
