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Una corte federal de Estados Unidos falló a favor de la empresa minera Drummond y rechazó de manera categórica las acusaciones que durante años la señalaron de presuntos vínculos con grupos paramilitares en Colombia. Así lo informó la compañía en un comunicado de prensa fechado el 19 de enero de 2026 en Birmingham, Alabama.
Según el documento, el 15 de enero de 2026 un jurado del Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama emitió un veredicto unánime en el que concluyó que el abogado estadounidense Terrence P. Collingsworth y su organización, International Rights Advocates (IRAdvocates), formularon acusaciones falsas y difamatorias contra Drummond, al afirmar que la compañía había apoyado a estructuras paramilitares en Colombia.
El jurado determinó que esas acusaciones no solo carecían de sustento, sino que fueron parte de una estrategia coordinada para presionar reputacional y judicialmente a la empresa, mediante demandas y campañas mediáticas en Estados Unidos, Colombia y Europa. De acuerdo con el fallo, dichas acciones se apoyaron en testimonios falsos obtenidos a través de pagos ocultos y manipulación de testigos.
El veredicto también estableció que Collingsworth e IRAdvocates violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), al incurrir —según el jurado— en extorsión, soborno de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y conspiración. El tribunal concluyó que existía evidencia «clara y convincente» de que el abogado sabía, o ignoró de manera imprudente, que las acusaciones contra Drummond eran falsas cuando las realizó.
Millonaria indemnización
En el marco del fallo, el jurado otorgó a Drummond US una indemnización de 52 millones de dólares por difamación y 68 millones de dólares por los cargos bajo la Ley RICO. Conforme a lo establecido por esa legislación, la compensación por RICO se triplica automáticamente, lo que eleva el monto total de la indemnización a 256 millones de dólares.
El comunicado señala que, según la evidencia presentada en el juicio, Collingsworth y su organización enviaron cartas con declaraciones falsas y difamatorias a terceros, con el propósito de dañar la reputación de Drummond y afectar sus relaciones comerciales. Bajo la Ley RICO, el jurado halló culpable a Collingsworth de soborno y manipulación de testigos mediante pagos no revelados que, según el documento, superaron los 400.000 dólares, entre otros, a Jaime Blanco Maya y a Jairo de Jesús Charris, conocido como "El Viejo Miguel".
Asimismo, el fallo declaró culpables bajo la misma ley a aliados de Collingsworth, entre ellos el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek, señalados como parte de la conspiración.
En el comunicado, Drummond reiteró su compromiso con una operación ética y responsable, y sostuvo que desde el inicio de sus operaciones en Colombia, a finales de la década de 1980, la empresa se ha ceñido a las leyes del país. La compañía afirmó que continuará actuando con respeto por la institucionalidad y bajo los más altos estándares de integridad.
"Este veredicto es una prueba más de que Drummond no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley", afirmó Trey Wells, abogado litigante principal de la firma Starnes Davis Florie LLP, citado en el comunicado. Según Wells, el jurado determinó por unanimidad que las narrativas difundidas contra la empresa eran "categóricamente falsas" y que la justicia estadounidense las desvirtuó de manera contundente.
