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Con 108 votos por el SÍ y 2 votos por el NO, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate, el proyecto de ley que establece la implementación de la licencia de conducción por puntos en Colombia, iniciativa con la que buscan reducir los accidentes de tránsito en el país según los ponentes del articulado, los representantes Hernando González y Daniel Carvalho.
Para los ciudadanos con licencias que les permitan manejar vehículos de transporte público, servicio especial, mixto o de carga, se les otorgarán inicialmente 40 puntos, mientras que para las licencias de servicio particular, la asignación será de 25 puntos.
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Para el representante Octavio Cardona, “el nivel de exposición del conductor de un taxi, una buseta, un camión, un vehículo de servicio de transporte especial para niños estudiantes, es superior a la de una persona que maneja un vehículo particular, por eso logramos que a estos conductores les dieran más puntos: 40 frente a los particulares que les daban 25”.
Además, se estableció que cada dos años se carguen nuevamente la totalidad de los puntos a los conductores con licencias vigentes. En el caso de las licencias para servicio particular, si el titular no perdió ningún punto durante el periodo, recibirá dos puntos adicionales, con un máximo a acumular de 27 unidades.
“Logramos que los conductores no les pusieran la obligatoriedad de conducir vehículos por debajo de 150 caballos fuerza, un vehículo normalito tiene 170, si arrancábamos en 150, les tocaba prender en carros de balineras y eso sería un chiste”, afirmó el congresista liberal.
En caso que el titular de la licencia pierda la totalidad de los puntos antes de cumplirse el periodo máximo de dos años, operará la suspensión inmediata del documento y los puntos se le volverán a asignar una vez cese la cancelación respectiva. El titular que perdió todos los puntos en menos de dos años, iniciará con una nueva asignación, esta vez de 20 unidades.
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Cuando un menor de 16 años sea sorprendido infringiendo las normas de tránsito, ya no será el padre del infractor el que asuma la sanción sino el propietario del vehículo, es decir la persona que le entregó el automotor para su conducción.
Tras su trámite en la Cámara de Representantes, el articulado pasará a su discusión en el Senado, donde tendrá que sortear dos debates antes de convertirse en ley de la República.
